Empleados de la Agencia del Agua dan un mes de plazo a la Junta para que equiparen sus categorías

«Con la seguridad de los pantanos no se juega». Bajo este lema, cerca de 130 trabajadores de la Agencia Andaluza del Agua se concentraron ayer en una asamblea a las puertas de la delegación de Gobierno para presentar al delegado provincial José Antonio Periñán un escrito sobre las necesidades actuales de los empleados y la situación en que se encuentran tras cuatro meses del traspaso, donde el comité y los trabajadores acordaron dar un mes de plazo a la Junta para solucionar las necesidades de la empresa.

Así, los 130 trabajadores supieron de primera mano las peticiones que recogía el escrito, donde quedaba reflejado los desajustes de jornadas y horarios y la no paga de los salarios y los complementos junto a la exigencia de que sus categorías laborales se equiparen a las funciones que desempeñan, ya que «después de cuatro meses aún persisten estos problemas», apuntó el presidente del comité de empresa, quien manifestó también que «se adeudan a los trabajadores importantes cantidades en aspectos como los turnos, los festivos, las nocturnidades, la antigüedad, las horas extras o el transporte, entre otros».

Incumplimientos

De ahí que a los empleados se les deba todavía más de 300 euros de media al mes de su salario, lo que muestra «la incapacidad de la Junta para cumplir sus obligaciones con los trabajadores e incumpliendo un acuerdo -el pasado 13 de febrero- que supuso que abandonáramos las huelgas programadas en el mes de febrero y marzo para abrirse un supuesto proceso de negociación que se ha demostrado que no es tal y del que la Junta se está eternizando», ya que hasta el próximo día 2 de abril no sabrán nada de si se les reconoce sus verdaderas categorías profesionales.

Aspecto que si confirma el informe realizado por la Agencia del Agua porque se devaluó a los trabajadores que realizaban las analíticas al situarlos en la escala de auxiliares de laboratorio. Por eso, en el escrito piden que se les resuelva el conflicto que llevan desde hace cuatros meses viviendo tras asumir la transferencia de la Junta del Ministerio de Medio Ambiente con el fin de que rectifiquen los errores funcionales cometidos en el proceso de traspaso y, que en un plazo de un mes, se abonen todas las cantidades adeudadas a los trabajadores ya que para muchos llegan a más de 700 euros al mes y se regularicen las jornadas y los horarios de los trabajadores transferidos, con la compensación de los excesos de jornada realizados. Trascurrido el plazo, los trabajadores determinarán el 17 o 18 de abril afrontar una huelga cuya responsabilidad sería de la Junta.