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La asociación de inspectores dice que el fraude podría deberse a «cierta dejación pública»

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La Asociación Andaluza de Inspección de Servicios Sanitarios (AAISS) a través de su presidente, Luis Manuel Garrido, remitió ayer un comunicado en el que manifiesta que la existencia de la trama desarticulada por la Operación Karlos «puede ser consecuencia de una cierta dejación pública» sobre competencias «tan relevantes» como la determinación de situaciones de incapacidad. Garrido considera que «la entrada en juego» de organismos no públicos, como las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y una legislación «confusa y compleja, en la que se imbrican demasiados organismos, no siempre bien coordinados y que además se solapan en sus competencias, en nada ayuda a la necesaria transparencia del proceso».

Por ello, la asociación demanda un cambio en la legislación que «clarifique» el sistema de control de las bajas por incapacidad, y permita «un mayor y, sobre todo, mejor control público» de la gestión de las situaciones de incapacidad.

Asimismo, ve «imprescindible» desde la Junta, la «potenciación» los medios humanos y materiales con los que cuentan los Servicios de Inspección de la Consejería de Salud, que en los últimos años «no solo no han visto incrementadas sus plantillas, sino disminuidas hasta cotas en las que se hace imposible garantizar» la calidad en el trabajo y la correcta aplicación de mecanismos de control que imposibiliten «este tipo de actuaciones aisladas de tipo fraudulento».

El colectivo mostró su «apoyo» a la Junta en su decisión de iniciar actuaciones disciplinarias y de personarse, a través de sus servicios jurídicos, como acusación particular en la causa que se está instruyendo, «en la seguridad de que es absolutamente necesaria una actuación contundente».