No disparen contra el juez

Convendría advertir a los partidos de que sus luchas políticas, habituales en toda democracia, no deben patear en ningún momento la moqueta de la Justicia. Dicho de otra manera: la Justicia es un servicio público al que la sociedad desea mantener pulcro, frente a quien sea. Viene esto a cuento porque a la investigación judicial de los atentados del 11-M no se la debe considerar definitivamente finalizada por el auto de procesamientos que ha dictado el juez Del Olmo contra 29 presuntos responsables, pero tampoco conviene aplaudir al PP cuando algunos de sus dirigentes o portavoces parlamentarios insisten en atribuir la autoría de los atentados a una conspiración virtual que lavase las medias mentiras y las medias verdades de la alta dirección popular entre los días 11 y 14 de aquel mes marzo. (O esas mentiras totales, de cara al exterior, que arrancaron traumáticamente a la ONU una declaración contra ETA).

Se comprende que el auto de los procesamientos, con sus cerca de 1.500 folios a los que apoya un sumario con más de 80.000, haya decepcionado a los dirigentes del PP más perseverantes en la hipótesis conspirativa. Las líneas deductivas y probatorias del juez Del Olmo se dirigen a las antípodas de lo que en la sede popular de Génova 13 se desearía, es decir, que ETA se viera de algún modo implicada en los atentados del 11-M. Pero en el rastreo del juez y de sus sabuesos policiales no aparece el menor indicio de participación etarra, ni siquiera como inductora.

El diario más empecinado en urdir con materiales de derribo, y a menudo sin material alguno, la teoría de la conspiración quebranta estos días una de las afirmaciones más rotundas de la Escolástica, la de que «una cosa no puede ser y dejar de ser al mismo tiempo». Aplicado esto a las mochilas que emplearon los terroristas, incluida la que al no estallar ofreció los primeros indicios, se evidencia que las que explotaron no podían carecer de metralla y estar, al mismo tiempo, cargadas de metralla, una negación y una afirmación que, enfrentadas, a sí mismas se destruyen, pero que el diario en cuestión lo resuelve cambiándolas de página.

Ya ha empezado a actuar el nuevo portavoz parlamentario del PSOE, Diego López Garrido, en sustitución de Rubalcaba, y en su primera intervención se ha dirigido al PP para decirle que su lectura (se entiende tan sesgada) del auto del juez Del Olmo pone en riesgo la credibilidad del Estado de derecho. El juez Del Olmo se ha limitado a seguir la obviedad de que «de donde no hay, no se puede sacar», y si no hay ningún sendero ni siquiera de cabras que conduzca hacía ETA, la banda no puede aparecer en el sumario.

Pero lo que el auto del juez revela es que los organizadores de los atentados pretendían que la tragedia coincidiera con una fecha que le diera realce publicitario, y nada mejor que en vísperas de unas elecciones generales, en las que desearon influir e influyeron. Esa influencia tal vez se habría podido conjurar si el Gobierno hubiera convocado inmediatamente el Pacto Antiterrorista, implicado en la manifestación del día siguiente a todos los partidos democráticos y dicho en todo momento la verdad. El PSOE le hubiera prestado al Gobierno, aunque fuera por obligación contractual, todo su apoyo, y en la manifestación nadie habría preguntado, como tanto se gritó, «¿quién ha sido?», lo que venía a ser una denuncia pública sobre ocultaciones oficiales.