La trama de las facturas falsas salpica también a inmobiliarias y a promotoras

Las trama de las facturas falsas destapada por la Agencia Tributaria en la Sierra de Cádiz y bautizada por sus investigadores como Operación Halcón tiene abiertos nuevos frentes. Si en un principio la red orquestada por el ex jefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero, tenía como epicentro el sector de la marroquinería de la zona, fuentes consultadas por este periódico han confirmado que las ramificaciones del fraude se extienden también al sector inmobiliario y a las promotoras. Además, todo apunta a que la extensión de la trama supera la frontera gaditana y salpica a otras provincias andaluzas.

Se trata de la mayor estafa fiscal conocida en Cádiz tras la Operación Quercus de octubre de 2004. En aquella ocasión, la Agencia Tributaria dio al traste con un entramado de 50 empresas -30 de Sevilla y 20 de Cádiz- que habían defraudado unos 35 millones de euros emitiendo facturas falsas para obtener deducciones de IVA y reducciones en el Impuesto de Sociedades. La dimensión de la trama que se investiga ahora en Cádiz es mayor que la anterior, ya que el volumen defraudado supera los 40 millones de euros y el número de sociedades localizadas en una primera fase es de 15, con varias ramificaciones hacia el sector urbanístico.

En cuanto al volumen de dinero ficticio que podrían haber movido los estafadores para defraudar 40 millones de euros, distintos asesores fiscales consultados por LA VOZ coinciden en señalar que la trama puso en circulación facturas falsas por valor de unos 80 millones de euros. La Agencia Tributaria tuvo muy claro a mediados de abril del año pasado que el movimiento de determinadas sociedades localizadas en Ubrique y Jerez no era lícito. Así, inspectores del servicio fiscal y de Vigilancia Aduanera pusieron en conocimiento del juez en verano buena parte de la documentación recogida tres meses antes para definir si los movimientos eran constitutivos de delito. Es entonces cuando la investigación da un nuevo giro radical y detecta que además de la trama de las facturas falsas hay otra actuación fraudulenta que corre paralela y que también se vincula al ex jefe de la Policía Local de Ubrique. Se trata ahora de una estafa a la Seguridad Social y a la Sanidad Pública por la concesión de falsas pensiones de invalidez. A esta nueva trama que aparece en octubre se la domina Operación Karlos y, junto con Carretero, aparece el inspector de la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades (UVMI) del Servicio Andaluz de Salud, Francisco Casto, como uno de los responsables de esta segunda trama. La Guardia Civil además de a Casto, detuvo a tres médicos, la secretaria del responsable de Urbanismo de Jerez, Pedro Pacheco, a un empresario, a una funcionaria del SAS y a tres particulares, entre los que se encontraba la mujer del torero Jesulín de Ubrique, María José Campanario, quien ha desviado toda la atención mediática de la trama por su presunta compra de una pensión de invalidez para su madre.