Abandonado en la retaguardia legal

He servido a mi patria allí donde me han mandado: en Macedonia, en Nicaragua, en Perejil, y cuando he tenido un accidente me he quedado sólo, sin ningún respaldo». Carlos, hasta hace medio año, pertenecía al Ejército, en el que ingresó en 1994. A punto de cumplir los doce años de servicio tuvo un accidente laboral que le produjo una lesión de la que no terminaba de recuperarse. Los problemas empezaron cuando, sin haberse recuperado, finalizó su vinculación al Ministerio de Defensa. Ni su antigua empresa ni la Seguridad Social asumen el coste de la operación que necesita y sin la que no podrá volver a trabajar.

Los hechos se remontan a septiembre de 2005. Durante unas maniobras militares en la Sierra de Grazalema, Carlos Company sufrió un accidente con el camión que conducía y él y tres compañeros tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios. Company, cabo primero de Infantería de Marina, fue el que se llevó la peor parte, y fue atendido en dependencias militares de sus dolencias. «Cuando tuve el accidente me quedaban dos meses para licenciarme, pero me dijeron que no me preocupara, que no me iba a quedar tirado.

Sin embargo, llegó el 7 de noviembre y me dijeron que recogiera mis cosas, que me tenía que ir», resume Company, que se duele de que un oficial ese día le dijo: «No te quejes, que vas a estar de vacaciones gratis». «Yo entré en el Ejército con dos piernas y dos brazos, qué menos que salir igual», protesta.

Inconvenientes

Una vez reintegrado en la vida civil, y con la muñeca aún dolorida -por la rotura del hueso escafoides- decidió acudir al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que le operasen, «puesto que en estas condiciones no puedo trabajar y, con la escayola, nadie me espera para darme empleo». En el SAS le respondieron que, a ser un accidente laboral, debe ser su mutua la que se encargue de tratarlo. «Sin embargo, desde el Instituto Social de las Fuerza Armadas (Isfas) -Seguridad Social para Fuerzas Armadas y Guardia Civil- me indican que, como ya no tengo vinculación con el Ejército, debe ser la Sanidad civil la que me atienda».

Company puso el caso en manos de un abogado, que ha presentado varios recursos al Ministerio de Defensa. Todos han sido desestimados. «Lo único que me queda es el contencioso administrativo pero, claro, no puedo permitirme el lujo de seguir esperando más años hasta el fallo final, porque no tengo dinero», se lamenta este antiguo infante de Marina. Company relata que está sin recursos para afrontar los gastos médicos y que está vendiendo sus pertenencias para llegar a fin de mes.

«La única solución que me queda es irme a Bienestar Social y que me operen como acto de caridad; pero me parece vergonzoso que después de estar 12 años sirviendo a mi país sin chistar, ahora tenga que recurrir al mismo sistema que emplean los inmigrantes ilegales», comenta. «Me sigo considerando infante de Marina, pero también tengo la sensación de que todos me han dejado solo, que estoy pagando por el error que ha cometido otra persona».

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«Cuando veo los anuncios en los que se anima a los jóvenes a alistarse en las Fuerzas Armadas me río, pero me río de rabia», agrega. «Ahora estoy en la calle y no me han homologado lo que he aprendido en el Ejército».

Por su parte, en el Ministerio de Defensa informaron de que están estudiando qué medidas tomar respecto al caso del ex cabo Company. Así, es posible que en aplicación de la nueva Ley de Defensa pueda reengancharse a las Fuerzas Armadas, por lo que recibiría asistencia sanitaria del Ejército. «Sin embargo, el tiempo pasa y yo tengo que seguir vendiendo mis cosas para salir adelante», afirma Company.