El PP pide a la Fiscalía que investigue el urbanismo de Jimena y su vínculo con Roca

El PP no bajó ayer la guardia e insistió en sus «sospechas» sobre la relación urbanística del Ayuntamiento de Jimena con imputados en las operaciones Malaya y Ballena Blanca, pero dando un paso más. El presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, pidió la intervención directa de la Fiscalía y que sea ésta la que investigue los convenios urbanísticos suscritos por el ayuntamiento que encabeza el socialista Ildefonso Gómez con uno de los principales implicados en el escándalo marbellí, Juan Antonio Roca, así como con los imputados en la otra operación de la Costa del Sol.

Sanz sustentó esta petición en la reacción «tardía» e improvisada del alcalde jimenato para anular uno de los convenios -por moción de urgencia «in voce» en el pleno ordinario celebrado en la noche del jueves-, que se produjo tras destaparse desde el PP la conexión de su municipio con estas tramas y que, por otro lado, señaló que es la «constatación» de la gravedad de los hechos denunciados. Además, Sanz restó validez a los argumentos que ahora dé Gómez para defenderse, «porque lo importante no es que se justifique, sino que nos diga por qué firmó esos convenios y a cambio de qué», cuestionó.

Pero desde el PP también se apuntó a la Junta de Andalucía. Sanz estimó pertinente que ésta aclare si había autorizado la firma de estos convenios. «Es enormemente sospechosa la inhibición de la Junta», afirmó el dirigente popular, que insistió en la necesidad de que ésta despeje cualquier atisbo de «permisividad o connivencia» con los ayuntamientos socialistas y de «persecución» a los populares, como el de Sanlúcar. «No nos negamos a que se investigue a los ayuntamientos, pero que se haga igual para todos», sentenció.

Por otro lado, el alcalde de La Línea, Juan Carlos Juárez (PP), añadió un elemento más al caso: la petición de dimisión del subdelegado del Gobierno en Cádiz, Sebastián Saucedo, al que acusó de haber informado a Gómez sobre el desarrollo de la Operación Malaya. Según Juárez, trece días antes de la detención de Roca en su finca La Morisca, ubicada en Jimena, el alcalde sancionó a la empresa propietaria de esta finca. Un hecho que, cuanto menos, definió de «curioso» y que precisa de alguna respuesta, aunque esa sea el cese del representante gubernamental. A este dato tampoco permanecía ajeno Sanz, que aseguró que de corroborarse, Saucedo habría incurrido en una falta «gravísima», porque habría hecho uso de «información privilegiada» para beneficiar a un alcalde de su mismo partido.