El precio de una invalidez

La consulta que el matrimonio formado por los doctores R. M. y su esposa tiene en la avenida Cayetano del Toro permanecía ayer cerrada a cal y canto. Compañeros de profesión no podían creer que la pareja había sido detenida el día anterior presuntamente relacionada con la falsificación de informes médicos para obtener la invalidez. No eran los únicos facultativos que habían pasado la noche incomunicados en la Comandancia de la Guardia Civil. El doctor L. C., médico de empresa y el inspector médico F. C.P. también fueron detenidos por el mismo asunto en una operación que aún no está cerrada.

Las pruebas que maneja la investigación parecen apuntar a que existía una supuesta relación entre los informes emitidos por los médicos sobre el estado de un paciente y el posterior visto bueno del inspector en la Unidad de Valoración Médica e Incapacidades (UVMI), lo que facilitaba la obtención de la invalidez y el posterior cobro de la pensión pese a no reunir los condicionantes para ello. Es decir, parece ser que los pacientes pagaban para que el facultativo elaborase un informe falso sobre su estado de salud, que luego era remitido a la UVMI, donde supuestamente F. C. P. era advertido por los médicos detenidos para que no pusiera pegas en el tribunal médico cuando acudiese el 'paciente-cliente'.

F. C.P. ejercía desde hace más de una década como inspector médico, donde tenía fama de persona seria y dura en sus valoraciones, por lo que su detención ha sorprendido a quienes lo conocían.

Aunque el grado de invalidez era fijado posteriormente por el Equipo de Valoración e Incapacidades -formado por un inspector médico, un facultativo de la S. S. y un responsable del INSS- y dependiente de la Seguridad Social, los informes que llegan de la Unidad de Valoración suelen ser ratificados al proceder de un organismo oficial y competente como es el Servicio Andaluz de Salud.

Además, el médico que los elabora -en este caso F. C.- sugiere el grado de incapacidad, bien parcial, total o absoluta, ésta última es la más solicitada ya que supone conservar el 100% del suelo que gana el trabajador y que desde ese momento pagará la Seguridad Social.

Pública y privada

El matrimonio detenido, que tiene tres hijos, ejerce en la ciudad de Cádiz la Medicina desde hace años, tanto en el sector privado como en el público, en el caso de la mujer, que también trabaja como médico de Familia en un centro de salud, mientras que su marido es médico de una mutua.

En el caso de L. C., especializado en Medicina del Trabajo, ejerce como médico de empresa en una clínica.De momento se desconoce el grado de implicación de cada uno de los detenidos, que hoy declararán ante el juez, que será el que determine los delitos que se le imputan y ordene el posible ingreso en prisión.