La Junta se persona como acusación particular en el proceso judicial

La Junta de Andalucía anunció ayer que, a través de sus servicios jurídicos, se personará como acusación particular en el proceso judicial resultante de la Operación Karlos, con el objetivo de «defender los intereses de la Administración autonómica». La Delegación Provincial de Salud emitió ayer un comunicado para explicar que tomó esta decisión después de saber que hay un funcionario de la administración sanitaria en Cádiz (concretamente, el inspector médico F. C. P. L., de la Unidad de Valoración Médica e Incapacidades) presuntamente implicado en la trama de falsificación de informes médicos.

Según el comunicado, la Delegación «actuará con contundencia y tomará las medidas correspondientes al margen de la vía judicial» si se comprueba que este funcionario ha tenido realmente relación con los hechos. Es decir, lo suspenderá de empleo y sueldo. El trabajo del inspector consistía en aprobar los informes que recibía de otros dos médicos gaditanos también implicados, R. M. y L. C. Estos facultativos recibían dinero a cambio de falsificar los documentos y las pruebas necesarios para obtener pensiones de invalidez.

El delegado provincial de Salud, Hipólito García, reconoció ayer que la noticia de los hechos había sido «una sorpresa» puesto que se trata de una situación sin precedentes en el sistema sanitario andaluz. De todas formas, García recordó que son siete los médicos que trabajan en la Unidad de Valoración Médica e Incapacidades de Cádiz y sólo uno está relacionado con la trama. El delegado desconoce el número de pensiones que se concedieron por este procedimiento y el volumen de lo defraudado.