El Ayuntamiento corrige el nuevo PGOU y acaba con los convenios de Costa Oeste

La nueva Ley de la Vivienda que obliga a una reserva de suelo del 30 por ciento para VPO en cualquier actuación inmobiliaria, más las enmiendas dictadas por la delegación de Medio Ambiente al PGOU para preservar las zonas verdes, han acabado por anular finalmente los convenios firmados para la zona de Costa Oeste. Así lo anunciaba ayer el alcalde Hernán Díaz que acompañado por sus socios de gobierno, Consuelo Gamero e Ignacio García de Quirós, y por el edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, presentaban el documento provisional.

El nuevo mapa urbanístico de la ciudad tendrá ahora que ser analizado por los grupos de la oposición y, después de Semana Santa, podría llevarse a Pleno para su aprobación antes de someterlo a un período de 30 días de exposición pública. Tras las preceptivas alegaciones, el Plan tendrá que pasar de nuevo por el visto bueno de la Junta quien tiene la última palabra para su aprobación definitiva.

Pérdidas económicas

Como explicó el alcalde, las directrices marcadas por la Ley y por Medio Ambiente sólo permitirán la firma de «tres a cinco» convenios urbanísticos. Hay que recordar que el Ayuntamiento tenía prevista la negociación de 22 convenios que ahora no se llevarán a efecto. De estos, algunos habían depositado a fondo perdido ya el 10% de los beneficios que iban a adquirir. Por este motivo, Díaz anunció que se buscará una alternativa para poder dar salida a estas negociaciones.

De estos convenios destaca por ejemplo el que iba a firmar la constructora Urbis en la margen derecha de la carretera de Rota que preveía la construcción de más de mil viviendas, entre otros.

El concejal de Urbanismo destacó que el nuevo documento «no aporta cambios sustanciales» con respecto al que ya se había redactado inicialmente. Como novedad, y a propuesta del PSOE, se incorporará la reserva de un corredor verde que rodeará a todo el municipio desde la Sierra de San Cristóbal, Viña Rango, polígono IFA, hasta llegar al mar. La idea es que como sistema protegido se limite la zona y se evite la proliferación de nuevas viviendas ilegales. Algunas de las parcelas que existen en esta área tendrán que ser expropiadas.