Otra ley de educación

El Congreso de los Diputados dio ayer el respaldo definitivo a la cuarta ley orgánica de la educación aprobada en los últimos quince años, sexta reforma educativa de nuestra democracia. Si esta nueva Ley Orgánica de la Educación (LOE) aportará la estabilidad a largo plazo que necesita el sistema de enseñanza es una incógnita que se despejará con su desarrollo normativo, aunque a tenor de lo que hizo el PP con la LOGSE y lo que ha hecho el PSOE con la LOCE, lo probable es que el actual partido de la oposición derogue la LOE cuando disponga de mayoría parlamentaria suficiente. Lamentablemente, los grandes debates en torno a la reforma educativa -cada vez más imperiosa para nuestro país-, se enredan siempre en intereses partidistas, ignorando las cuestiones de fondo que se han de abordar, por descontado, desde presupuestos ideológicos discrepantes. De ahí que la LOE, sustituta de una Ley de Calidad de la Enseñanza derogada por real decreto antes de su aplicación, aparezca más como un desquite -bajo el argumento de cumplir las promesas electorales-, que como cambio sustancial del sistema educativo en sus grandes objetivos y métodos pedagógicos. Y es que la nueva ley ni siquiera se compromete a algo tan básico como que nuestro país supere la inversión media por alumno de 5.385 dólares hasta igualarse con la media de la OCDE, situada en 6.821 dólares. Partiendo de esta base, cabe preguntarse si era necesaria otra ley orgánica, con el agrio debate social que ha provocado, para los escasos cambios de relieve que se aprecian entre la LOCE y la LOE. De hecho, aunque las modificaciones introducidas en el Senado por el Partido Popular -el 20 % del articulado- fueron rápidamente anuladas a su regreso al Congreso, lo cierto es que la ley ya había visto alterados el pasado diciembre parte de sus artículos más polémicos, como los referidos a financiación y regulación de acceso a colegios concertados, las enseñanzas mínimas comunes y la asignatura de religión, que ha quedado como estaba hasta la reforma del anterior Gobierno.

Una vez más, no ha sido posible el inexcusable pacto educativo que, a falta de alturas de miras por parte de los partidos mayoritarios, al menos podría haberse establecido sobre algo tan indiscutible como el diagnóstico de la capacitación de nuestros escolares presentado en el Informe Pisa y que no se ha tomado en absoluto como referencia en la redacción de la LOE; muy rápidamente parece haberse olvidado aquel sonrojo nacional tras conocer el penoso papel de España en fracaso escolar y nivel de nuestros estudiantes en matemáticas o lectura. Son esas cuestiones, junto a la cultura del esfuerzo, el estímulo a la excelencia, la situación del profesorado o la orientación hacia estudios superiores las que deben inspirar una auténtica reforma del sistema educativo.