El Supremo mexicano autoriza la extradición a España de 6 presuntos etarras detenidos
Los seis vascos fueron detenidos en México en julio del año 2003 por su presunta relación con la trama financiera de la banda terrorista ETA
Actualizado: GuardarLa Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) mexicana ha autorizado hoy la extradición a España de seis ciudadanos vascos acusados de tener nexos con la organización terrorista ETA.
Los once jueces que integran esa corte conocieron el informe favorable a la extradición que ha presentado el magistrado Guillermo Ortiz Mayagoitia y han desestimado el amparo presentado por la defensa del grupo de acusados.
Los seis vascos -Juan Carlos Artola, Asier Arronategi, María Asunción Gorrotxategui, José María Urquijo, Ernesto Alberdi y Félix Salustiano- fueron detenidos en México en julio de 2003 por su presunta relación con la trama financiera de ETA.
El Gobierno español solicitó la extradición en septiembre de 2003, y el 30 de julio de 2004 la Cancillería mexicana accedió a la petición, pero la defensa presentó un recurso de amparo, que hoy fue desechado por la Suprema Corte.
Aún hay que esperar
La extradición se ha aprobado por los delitos de "asociación ilícita e integración en organización terrorista, allegamiento de fondos con fines terroristas y blanqueo de capitales procedente de actividades terroristas".
Para la entrega de los seis acusados al Gobierno español la Cancillería mexicana debe esperar la notificación de la Corte para ponerles a disposición de la Fiscalía, que es la que se encarga de ejecutar las extradiciones, según una fuente oficial.
La abogada defensora de los acusados, Bárbara Zamora, ha dicho a la prensa que ya no existe otro recurso legal en México para evitar la extradición y ha explicado que el Gobierno español tiene 60 días a partir de hoy para hacer el trámite de traslado de los seis presos.
Zamora dijo que esos 60 días permiten disponer de "tiempo para llevar el caso a las instancias internacionales".
Del expediente del caso, originalmente llevado por el entonces juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón, se desestimaron en México los cargos de "falsedad documental" al ser imposible determinar si éste había prescrito o no.
Los seis acusados permanecen encarcelados en el Reclusorio Norte y en el penal de Santa Marta Acatitlán, ambos en el Distrito Federal, y en su momento anunciaron durante su cautiverio una huelga de hambre para reclamar su puesta en libertad.