Ultimátum de sindicatos y estudiantes al Gobierno francés para que derogue el CPE

Las organizaciones sindicales y estudiantiles francesas, que ayer comenzaron a ser recibidas en una ronda de consultas por parlamentarios conservadores de la formación gobernante UMP, han lanzado un ultimátum para que antes del próximo día 17 sea derogado el Contrato Primer Empleo (CPE). El primer ministro, Dominique de Villepin, en su cota más baja de popularidad, afirmó en el Parlamento que en los próximos días sacará «todas las conclusiones necesarias», frase enigmática interpretada por algunos de sus rivales sarkozystas como «amenaza o chantaje de dimisión».

«Si se quiere marchar, puede hacerlo», comentó el diputado Thierry Mariani en los pasillos de la Asamblea Nacional. «Para hacer chantaje o amenazas hay que estar en situación de fuerza», apostilló retador como alumno aventajado de Nicolas Sarkozy, su mentor político, teórico número dos del Gobierno y virtual número uno.

Minutos antes Villepin pensaba en su omnipresente competidor cuando proclamó ante el hemiciclo su intención, «como jefe del Gobierno», de no dejar «a nadie más» extraer las conclusiones de la crisis. ¿Tentación de arrojar la toalla? Los villepinistas, pocos pero activos, se apresuraron a puntualizar que su campeón también había dicho que siempre acudirá puntual a «la cita de los actos» para mostrar que no piensa dimitir. Las sibilinas palabras vendrían a significar que asumirá las propuestas emanadas de las negociaciones entre agentes sociales y parlamentarios de la UMP.

Críticas de la prensa

La confusión viene alimentada por la enorme fragilidad del jefe (?) del Gobierno. «¿Para qué sirve Villepin?», se preguntaba en su principal título de portada el diario Le Parisien. Según un sondeo que hoy publica el semanario L'Express, casi la mitad de los franceses (45% frente a 49%) desea su dimisión. Su gestión sólo cosecha un 28% de opiniones favorables, el peor índice de confianza en diez meses de mandato.

Exigencias

Las primeras reuniones por separado entre líderes sindicales y el poder conservador no ofrecieron resultados. Simplemente sirvieron para que los parlamentarios escucharan las exigencias acordadas por la mañana en una reunión previa del frente anti-CPE. En un comunicado conjunto, las doce organizaciones contestatarias reivindican la abolición del contrato juvenil antes del inicio de las vacaciones parlamentarias de Pascua el 17 de abril. En caso contrario amenazan con «un nuevo tiempo de la movilización» que ha sacado a las calles en los dos últimos martes a millones de franceses.

En el Consejo de Ministros, Jacques Chirac pidió a los interlocutores que asuman «su parte de responsabilidad para que las discusiones que se abren sean constructivas». El presidente francés también invitó a universitarios y bachilleres a que vuelvan a clase y preparen los exámenes. Pero la UNEF, principal sindicato estudiantil, llamó a intensificar bloqueos y huelgas en las facultades.

En numerosas ciudades, como Potiers, Rennes, Nantes, Chambéry, Lille o Toulouse, piquetes de jóvenes bloquearon carreteras, mercados de abastos, estaciones ferroviarias o centros de distribución postal. Según una estadística policial, más de 3.600 personas han sido detenidas por incidentes en el último mes.