PP y PSOE se acusan en el Senado de pasividad ante Gil

El equipo de Gobierno y el principal partido de la oposición volvieron a protagonizar ayer un acalorado enfrentamiento en el Senado. Esta vez, las acusaciones mutuas, los abucheos y las continuas interrupciones giraron en torno al caso de Marbella. La chispa de la polémica saltó cuando el senador malagueño Joaquín Ramírez, al final de su intervención, acusó a la Junta de haber mantenido «cierta connivencia» o «mirado para otro lado» ante los casos de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella. «15 años y 30.000 viviendas ilegales pueden hacer sospechar de la connivencia de la Junta», reiteró el senador desde la tribuna de oradores.

La afirmación suscitó inmediatamente las reacciones airadas de los senadores socialistas y la respuesta del presidente de la Cámara, Javier Rojo, quien, tras pedir silencio en varias ocasiones, se dirigió a Ramírez para exigirle que se «ciñera» a la cuestión por la que se había incorporado este punto al orden del día -votar el informe de la Comisión General de Comunidades Autónomas.

«Ninguna imputación»

«Le rogaría por lo que estamos haciendo y por deferencia con los ciudadanos que retire del acta la imputación que ha hecho usted a la Junta de Andalucía», insistió Rojo. Ante las protestas de los senadores del PSOE, Ramírez contestó que no había hecho «ninguna imputación», a lo que Rojo replicó: «Está recogido en el acta y todos sabemos interpretar lo que ha dicho; le ruego retire lo dicho». Pese a los tres intentos del presidente del Senado, Ramírez se negó a retirar sus insinuaciones. «He dicho lo que he dicho y, si me lo permite, continúo», espetó el malagueño, que prosiguió su exposición entre las protestas de la bancada socialista.

Antes de comenzar la votación, el portavoz del PSOE, Joan Lerma, pidió la palabra para responder a Ramírez con un titular de prensa: «32 de los 93 cargos públicos que el GIL tuvo en 1999 son hoy militantes populares. No quiero decir nada más», apostilló. Entonces, el portavoz del PP, Pío García-Escudero, pidió la réplica: «De todos los que ha dicho el señor Lerma ninguno está en la cárcel», sentenció.

Así concluyó el pleno del Senado que, finalmente, aprobó por unanimidad el informe favorable a la disolución del Ayuntamiento de Marbella al entender que la gestión está dañando gravemente los intereses generales. Hoy, el Consejo de Estado hará público su dictamen sobre la procedencia de convocar elecciones parciales o nombrar una comisión gestora en el Consistorio.

El rifirrafe entre el PP y el PSOE también se trasladó ayer al Pleno del Congreso, donde el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Marbella y candidata en las próximas elecciones municipales, Angeles Muñoz, se reprocharon inacción en la lucha contra la corrupción en el Consistorio de la localidad malagueña.