Un juez archiva el caso del derrumbe del edificio del Campo de Las Balas en el que murió un joven de 15 años

El juzgado de instrucción número uno de Cádiz ha decidido el sobreseimiento del caso del derrumbe del edificio del Campo de Las Balas, en el que murió un joven de 15 años y otros dos resultaron heridos el 16 de enero de 2004, al no ver ningún tipo de delito que pudiera haber dado lugar al accidente.

En los fundamentos jurídicos del auto de sobreseimiento se destaca que, tanto en el informe de ingeniería y control de calidad de la empresa Vorsevi, como en el proyecto de ejecución y demolición de la edificación, realizado casi un mes antes del derrumbe, se informa de que el estado de los elementos estructurales no justifican el suceso y el actual estado de conservación del edificio es "aparentemente bueno", sin que se aprecie un "estado de ruina".

El adolescente Manuel Gallardo quedó atrapado entre los escombros tras el derrumbe del antiguo edificio de la Escuela de Aplicación y Tiro del Campo de las Balas de la capital gaditana y fue encontrado muerto por los bomberos tras seis horas de búsqueda.

Su cuerpo fue hallado a unos tres metros de distancia de donde fueron rescatados los otros dos jóvenes heridos en el suceso.

Cuando se produjo el derrumbe, hacia las tres de la tarde, los jóvenes estaban jugando en la primera planta del edificio del antiguo Batallón de Artillería.

En el caso estaban imputados el edil de Patrimonio y Hacienda del Consistorio gaditano y senador, José Blas Fernández (PP), y el secretario general de la Corporación, Antonio Ortiz.

Fernández, quien llegó a declarar en calidad de imputado como presunto responsable de un delito de homicidio por imprudencia grave, elevó el caso al Supremo por su condición de aforado.

La acusación se basaba en unas declaraciones de Fernández en julio de 2003 en las que indicaba "la necesidad de adoptar medidas que palíen dicha situación, tales como la demolición o el cierre de todas las vías de entrada imposibilitando su acceso".

Ahora "tras dos largos años", José Blas Fernández, en su comparecencia ante los periodistas, pidió la dimisión del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento gaditano, Rafael Román (PSOE), (quién junto a los demás concejales del Grupo Socialista se personaron en el caso como acusación particular); por imputar al equipo de gobierno en un delito grave "sin ninguna prueba", lo que calificó de "bajeza moral".

Según el senador popular, la intención del PSOE no era otra que la de ir por alguien del equipo de gobierno, además de utilizar la desgracia del caso para obtener votos en las elecciones de 2004 en las que la alcaldesa de Cádiz , Teófila Martínez (PP), fue candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía.

La familia del menor fallecido ya ha anunciado su decisión de recurrir la decisión judicial, una decisión que Fernández aseguró respetar aunque les advirtió "que no se dejen llevar por fines políticos".