Educación ha recibido este curso 200 denuncias por fraude en la matriculación

Cuando los escolares aprenden literatura española se les indica que uno de los pocos géneros cien por cien español es la novela picaresca. Sin embargo, muchos de ellos ya lo aprendieron antes, al inicio de curso, cuando sus padres tuvieron que rellenar el impreso de matriculación para que accediesen a la escuela. En el periodo de matriculación del actual curso escolar la Delegación de Educación recibió aproximadamente 200 denuncias por fraude. De todas éstas en tan sólo una quincena se pudo probar que se estaban cometiendo irregularidades, por lo que se impuso la correspondiente sanción.

Hasta el curso pasado se podía cometer fraude en tres aspectos: el domicilio familiar, los ingresos y la minusvalía bien del alumno o bien de los familiares. Actualmente, es muy difícil engañar a la Administración en lo que respecta a los ingresos que recibe la familia, puesto que ahora es el centro escolar el que solicita los datos a la Agencia Tributaria. Los padres lo único que hacen es autorizar por escrito a los colegios a que consulten sus ingresos. Desde la Inspección de Educación señalan que el criterio económico que se emplea «no es el más justo» puesto que atiende a los ingresos de dos años anteriores a la matriculación. En este tiempo, indican, la situación familiar puede variar y reducirse o aumentar los ingresos. En este aspecto tan sólo los autónomos pueden cometer algún tipo de fraude, si bien es cierto que, al estar cruzados los datos con Hacienda, «prácticamente nadie se arriesga».

No ocurre lo mismo con la residencia, que es donde se centran la mayor parte de los engaños. En este aspecto, son los demás padres los que denuncian. En Educación insisten en que los padres, al engañar, «creen que están cometiendo un fraude contra la administración, cuando lo están cometiendo con el resto de padres de alumnos». De las doscientas denuncias que se tramitaron el año pasado sólo prosperaron una quincena. La Delegación tiene la obligación de estudiarlas todas. El procedimiento que sigue es el de ponerse en contacto con la Policía Local del municipio, que es la encargada de averiguar si realmente la familia reside en el lugar donde han inscrito al niño. «Eso sí, cuando la gente denuncia suele traer bastantes pruebas», incidía un portavoz de Educación.

Una vez que se descubre que se ha cometido fraude, explican en la Inspección, el alumno pierde su plaza, que pasa al primero de la reserva. Los padres no reciben sanción administrativa alguna e incluso se les permite elegir entre los centros próximos a su domicilio real que tengan plazas libres. Eso sí, en caso de que haya comenzado el curso al alumno se le respeta la plaza. «Lo principal es no dañar al menor, que no tiene culpa de nada -informan en Educación-, es por esto que casi todas las denuncias están investigadas y resueltas antes del 1 de septiembre».

En el caso de los certificados médicos, las engañifas son muy escasas puesto que su falsificación constituye un grave delito y rara vez se producen denuncias en este campo.