No fue precisamente un gran día

El Congreso de los Diputados aprobó ayer el nuevo Estatuto de Cataluña con 189 votos a favor y 154 en contra. La diferencia, pues, fue de sólo 35 votos. Lo que quiere decir que si dieciséis diputados -entre los 163 del PSOE, 10 de CiU, 7 de PNV, 5 de IU, 2 de Coalición Canaria y 2 del Bloque Nacionalista Gallego-, no hubieran estado sometidos a la disciplina de partido y hubieran votado «no», el texto no hubiera sido aprobado. Pero es que, además, los 189 diputados que votaron «sí» representaban el voto de 14.000.404 ciudadanos, mientras que los 154 que votaron no lo hicieron en representación de otros 10.496.245 de españoles. Esa diferencia de tres millones y medio de votos otorga a la decisión de los representantes populares una indudable legitimación democrática. Pero no resulta razonable decir como hizo el presidente de la Cámara parafraseando a Joan Manuel Serrat que «hoy puede ser un gran día». Porque fue el día en el que el órgano en el que se expresa la soberanía nacional -que según nuestra Constitución reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado-, adopta una decisión, sujeta a revisión por el Tribunal Constitucional y en contra de casi diez millones y medio de españoles.

No ha sido un gran día para el nacionalismo catalán más intransigente si recordamos que el proyecto original fue aprobado en septiembre de 2005 por el Parlamento de Cataluña con el 88,8 por ciento de los votos, 120 a favor frente a 15 en contra. Ni tampoco para los defensores del centralismo unitario si tenemos en cuenta que su objetivo era retener todos los poderes sin concesiones. La crispación política que el nuevo Estatuto ha generado va más allá de algunas sobreactuaciones partidistas por ambos bandos que bordean el histrionismo porque se ha dejado sentir en el conjunto de la población. Y muy probablemente esa repulsa no ha estado dirigida tanto al texto estatutario como a los modos y el oportunismo.