Estatut: sin consenso

El proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña logró ayer superar el reglamentario trámite de la aprobación del Parlamento español por 189 votos a favor frente a 154, después de que los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana de Cataluña y del Partido Popular mantuvieron su voto en contra del texto. El proyecto pasará ahora al Senado, donde previsiblemente apenas sufrirá modificaciones antes del preceptivo referéndum en Cataluña que se podría celebrar el próximo mes de junio. El debate en el plenario reflejó la dura confrontación política entre los dos grandes partidos nacionales, que ha provocado la gestación de esta futura ley orgánica que después de años de elaboración, finalmente, saldrá adelante con un menor consenso que el Estatuto de Sau negociado en la Transición. El fuerte carácter nacionalista del nuevo Estatut impedirá que una parte importante de la sociedad catalana pueda asumirlo como propio, al contrario de lo que sucedía con el anterior, mientras que será con toda probabilidad la comunidad nacionalista quien capitalizará en el futuro sus grandes potencialidades. Un Partido Socialista de Cataluña que ha derivado hacia derroteros cada vez mas nacionalistas y un presidente de la Generalitat, Pascual Maragall -que no ha estado a la altura de las circunstancias-, han posibilitado un desenlace tan poco prometedor como el que ayer fue aprobado por algo más de la mitad del hemiciclo de la Cámara Baja. Cuestiones como la lengua, la nación, el poder judicial, el título sobre derechos y deberes de los catalanes o la preeminencia de Cataluña sobre los catalanes son materias de hondo significado político que han sido resueltas recurriendo a una artificiosa arquitectura política y de lenguaje que deja al final un texto, confuso, ambigüo e interpretable hasta la extenuación, lo que en manos de Gobiernos nacionalistas no presagia un clima de integración y vertebración, sino de uniformidad nacionalista. Si existiera voluntad política aún sería posible explorar un terreno hacia la convergencia, pero la decisión del Gobierno de Zapatero -junto con CiU- de imprimir un alto ritmo en la tramitación para frenar el desgaste político no parece indicar que ese escenario sea realista. Más bien, todo apunta a que tras la aprobación de Senado y posterior referéndum, será el Tribunal Constitucional quien se encuentre con la complicada tarea de pasar la moviola sobre el Estatuto ya aprobado, y en vigor, en una compleja tarea de detectar puntos de inconstitucionalidad; y lo que es peor, impugnarlos, aunque, en un gesto de optimismo e independencia, la presidenta del Tribunal Constitucional haya asegurado que no habría dificultad alguna en introducir modificaciones en el Estatuto si se diese el caso, incluso después de celebrado el referéndum.

No puede desconocerse de cara al futuro que los estatutos valenciano y catalán serán la pauta de las demás reformas estatutarias, que se promoverán en todas las Comunidades Autónomas. En este proceso, y en el de negociación del nuevo sistema de financiación en el marco multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera del Estado, debería conseguirse una paulatina recuperación de la unidad de criterio y del consenso sobre la estructura del Estado a fin de evitar que un proceso de centrifugación autonomista vaya desfigurando las líneas maestras del Estado.