El Consejo Constitucional deja a Chirac la resolución de la crisis social

El Consejo Constitucional francés validó ayer sin expresar ninguna reserva el Contrato Primer Empleo (CPE), el dispositivo legal que facilita el despido de los trabajadores jóvenes y que había sido recurrido por la oposición socialista. La decisión deja la resolución de la crisis social que desde hace dos meses convulsiona el país galo en manos del presidente Jacques Chirac, que hoy comparecerá ante la ciudadanía en una alocución radiotelevisada desde el palacio del Elíseo.

En su fallo, el órgano encargado en Francia de velar por la constitucionalidad de las leyes dictamina que el CPE no vulnera el principio de igualdad entre los trabajadores ya que ningún principio impide al legislador adoptar medidas en favor de los jóvenes. Respecto a la ausencia de motivación del despido durante un período de prueba de dos años, el Consejo señala que la ruptura del contrato puede ser recurrida ante Magistratura. En ese caso, el empresario «deberá indicar los motivos» para comprobar que no son discriminatorios ni atentatorios con las mujeres embarazadas, las víctimas de accidentes laborales o asalariados protegidos.

Una vez resuelto el conflicto jurídico, Chirac tiene ahora diez días para promulgar la polémica reforma cuya retirada exigen sindicatos, estudiantes e izquierda antes de aceptar una negociación. Fuentes de su entorno aseguran que el presidente firmará el texto inmediatamente, hoy mismo, actitud que los socialistas ya han tildado de «irresponsable» y «nueva provocación».

En teoría, el jefe del Estado también puede ordenar una segunda deliberación del texto en el Parlamento. Pero el primer ministro, Dominique de Villepin, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jean Louis Debrés, ambos fieles chiraquistas, han amenazado con presentar la dimisión en ese supuesto, según se comenta en los mentideros políticos.

Otro rumor sólido atribuye a Chirac la intención de anunciar hoy una gran reunión con los interlocutores sociales para consensuar una reforma laboral. Pero los sindicatos ya han adelantado su negativa a participar en un «simulacro» de diálogo social si el CPE es promulgado por el presidente.

Antes de conocerse el esperado fallo, el ministro de Empleo, Jean Louis Borloo, había puntualizado en el Senado que la palabra retirada no existe en la Constitución y que la suspensión del CPE «no es potestad de nadie, ni del primer ministro ni del presidente de la República». En la misma sesión de control parlamentario, el ministro delegado de Trabajo, Gérard Larcher, en respuesta a otra pregunta, planteó que «la palabra retirada no tiene ningún sentido ni jurídico ni constitucional».

Cortes y atascos

Mientras tanto, el movimiento estudiantil comenzó a dilapidar el capital de simpatía atesorado en la opinión pública con múltiples cortes del tráfico automovilístico y ferroviario que generaron atascos gigantescos y un tremendo caos en muchas estaciones. Los embotellamientos se produjeron en la autovía de circunvalación de París y en los accesos de ciudades como Nantes, Rennes, Lille, Dunkerque, Marsella, Aix en Provence y Chambéry.

Los paros afectaron a 513 institutos de los 4.330 existentes en el país y a 58 de las 84 universidades, según datos oficiales. La Policía desbloqueó, sin mayores incidentes, las entradas de un puñado de establecimientos en cumplimiento de la consigna impartida la víspera por el ministro de Educación, Gilles de Robien, percibida como una provocación por los huelguistas.

Los sindicatos ya han presentado numerosos preavisos de cese del trabajo en los transportes y la función pública, en especial en el sector de la enseñanza, para la nueva jornada de lucha del próximo martes. Se calcula que serán anulados aproximadamente un tercio de los vuelos en Francia, debido fundamentalmente a la huelga de los controladores aéreos.