El Congreso aprueba el Estatuto catalán con los votos en contra del PP y de ERC

La reforma del Estatuto de Cataluña dio ayer, tras meses de debate, el paso más relevante para su aprobación definitiva. El Congreso aprobó con 189 votos a favor, 154 en contra y dos abstenciones el texto que ha enfrentado durante más de un año a los dos partidos mayoritarios; una circunstancia que hará de este aún proyecto de ley el Estatuto autonómico que menor respaldo parlamentario ha cosechado en la historia democrática española. El debate continuará ahora en el Senado. Y salvo que allí sea modificado, los catalanes votarán en referéndum su nuevo y polémico marco jurídico antes del verano.

El PP y ERC -los dos partidos que junto a Eusko Alkartasuna se oponen al contenido de la reforma- no renuncian a presentar enmiendas en la Cámara Alta. Los populares cuentan con una mayoría de 124 senadores que introduce un elemento de incertidumbre a la hora de valorar si se cumplirán los plazos previstos por los partidarios del texto. Pero para que eso suceda, ERC tendría que incumplir su promesa de no hacer pinza con un partido que abomina.

En cualquier caso, Mariano Rajoy dejó claro que seguirá haciendo de la modificación del Estatuto catalán la principal bandera de su oposición. Y más ahora cuando el alto el fuego de ETA ha abierto una nueva etapa en sus relaciones con José Luis Rodríguez Zapatero en materia antiterrorista.

No hubo cara a cara

Precisamente por esta nueva etapa, el líder de la oposición habría querido celebrar en esta ocasión un cara a cara con el presidente del Gobierno. Era su oportunidad de dar mayor proyección a una batalla que sabe beneficiosa para sus intereses electorales. Pero Zapatero, que sí defendió la propuesta en el debate de su toma en consideración, el pasado 2 de noviembre, optó por ejercer de mero espectador y, de esta manera, intentar rebajar su vinculación con la reforma. Posteriormente, en una entrevista en Telecinco, el jefe del Ejecutivo explicó que no intervino en el debate por «equilibrio institucional» y dijo que sí lo hará en el Senado, como ocurrió con el Estatuto de Valencia.

En su lugar, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, proclamó las bondades de esta reforma ayer en el Congreso. Pero lo hizo de forma breve y superficial, con un discurso más plano de lo que muchos esperaban, en el que pasó por alto los asuntos más espinosos; en especial, la definición de Cataluña como nación, que aparece en el preámbulo. El Gobierno eligió pues un perfil bajo con el que dio la sensación de que esta ya no es su guerra. Un importante dirigente socialista lo apuntó hace días: «Zapatero ya está a otras cosas».

Aunque premeditado, el silencio del jefe del Ejecutivo dejó un regusto agridulce entre los diputados del PSOE. Era un debate de calado y las duras palabras del líder de la oposición sólo obtuvieron respuesta en las voces de los grupos minoritarios. Ni siquiera Alfredo Pérez Rubalcaba exprimió su proverbial elocuencia. Sí acusó a Rajoy de difundir «falsedades» y le propinó una cornada con reminiscencias históricas: «ustedes gobernarán con este Estatuto, lo aplicarán y defenderán e incluso quizá traten de convencer a los demás de que fue obra suya», ironizó. Faltó, sin embargo, profundidad.

El presidente del PP se empleó a fondo para dibujar un escenario «rocambolesco». Más allá de las críticas sobre la inconstitucionalidad de la reforma -que espera corroborar en un futuro con un auto del Tribunal Constitucional- su discurso puso en el foco la ambigüedad del texto redactado. A su juicio, es eso lo que permite a los socialistas asegurar que se ajusta plenamente a la Constitución y también lo que les da pie a defender, como hizo Rubalcaba, que el hecho de que el Estatuto diga que Cataluña es una nación para el Parlamento autonómico no es más que una realidad «incontrovertible» sin carácter normativo.

Una nación

Rajoy dijo que los preámbulos de los textos legislativos tienen operatividad jurídica porque sirven para interpretarlos. «Cualquier juez se sentirá autorizado para proclamar que en la intención de los que hoy nos reunimos aquí estaba dejar constancia de que Cataluña debe ser contemplada a todos los efectos como una nación», aventuró. La crítica puso de manifiesto una paradoja: la interpretación que del nuevo Estatuto hacen sus adalides catalanes (sobre todo CiU e ICV) se acerca más a la del PP que a la del PSOE y la de los socialistas es más próxima a la de ERC que a la de sus nuevos socios parlamentarios.

Salvo el socialista, todos los partidos que ayer votaron a favor del Estatut (CiU, IV, PNV, CC y BNG) entienden que por primera vez las Cortes Generales reconocen que Cataluña es una nación, que puede mantener relaciones de tú a tú con el Estado. El PP, en el bloque del «no», comparte esa misma visión, que niegan ERC y EA (las únicas abstenciones fueron Nbai y ChA).

El Senado dispone ahora de dos meses para aprobar el texto remitido por el Congreso, siempre y cuando no se apruebe el procedimiento de urgencia, que podría reducir los plazos a 20 días. El texto se considerará aprobado si así lo decide ala mayoría absoluta de la Cámara.

En caso de desacuerdo, el proyecto volverá al Congreso que podrá ratificar el documento inicial o pronunciarse sobre las enmiendas, aceptándolas o no. El Gobierno de la Generalitat espera poder someter el nuevo Estatuto a referéndum el 18 de junio.