Clientelismo

Numerosos trabajadores de la Generalitat, afiliados o próximos a ERC, han recibido un requerimiento del partido exigiéndoles la entrega de un 20 % de su salario a modo de cuota para contribuir a financiar a la organización bajo la amenaza de perder el empleo. Este es el último escándalo protagonizado por la formación republicana desde que llegó al Gobierno tripartito tras el pacto del Tinell firmando con Pascual Maragall. Desde entonces, Esquerra Republicana de Catalunya ha mostrado con frecuencia, además de su conocido ideario radical, un estilo poco acorde con la madurez institucional a la que está obligado un partido de Gobierno.

La medida es ulterior a una modificación del reglamento interno de ERC que permite a la dirección del partido expulsar y destituir a sus altos cargos en la Administración Pública que incumplan la obligación de aportar sus cuotas según la forma establecida. Y el asunto ha saltado a la luz, y ha suscitado las comprensibles críticas, después de que se supiera que entre los dos centenares de cartas remitidas a funcionarios de la Generalitat algunas se dirigieron también a simples funcionarios junto a las dirigidas a cargos de confianza nombrados por decisión del partido. Nada hay que objetar, evidentemente, a que los partidos exijan a sus afiliados que cumplan determinadas obligaciones, y aun sería encomiable que las fuerzas políticas prodigaran estas exigencias en lugar de conseguir recursos por vías con frecuencia subrepticias. Pero en este caso la avidez ha traicionado a la dirección de Esquerra, hasta dar la impresión de que se ha estado cometiendo cierta simonía administrativa: concesión de cargos a cambio de dinero.

Es cierto que aunque la financiación de los partidos políticos sea fundamentalmente pública, las creciente exigencias de gasto interno de las organizaciones convierten inmediatamente esas asignaciones presupuestarias en insuficientes. El sistema de financiación de partidos es un asunto irresuelto todavía en España después de haber provocado graves escándalos (caso Filesa) y es esencial que los partidos parlamentarios consigan el consenso necesario para perfeccionar el modelo vigente. Pero, entretanto, es preciso atajar la sospecha de prácticas de apoderamiento desde el Gobierno de Cataluña de una parte del empleo público para utilizarla en prácticas clientelares y de financiación particular. El hecho de que se puedan establecer conjeturas sobre la utilización de estas informaciones filtradas por adversarios políticos como munición en la lucha por el poder no resta gravedad a los hechos. Solamente una investigación de oficio, como ha planteado Convergencia i Unió, puede tranquilizar a la opinión pública respecto a la limpia gestión del empleo público, o añadir una razón más para provocar una saludable crisis en el gobierno.