financiación irregular del partido

Mas denuncia una «operación» del tripartito para evitar la crisis de la financiación de ERC

El portavoz parlamentario de CiU, Felip Puig, ha denunciado también "amenazas" y presiones para tapar denuncias de posibles afectados

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El presidente de CiU, Artur Mas, ha denunciado hoy que el gobierno tripartito catalán está intentando lanzar una "operación" para evitar que del caso de la financiación de ERC se deriven consecuencias y para "protegerse a ellos mismos". Antes de pronunciar una conferencia sobre el Estatut ante empresarios del Círculo de Economía, Mas ha lamentado que el gobierno de la Generalitat niegue que haya habido despidos o acoso laboral sobre trabajadores relacionados con departamentos de la Generalitat controlados por ERC que se negaron a pagar cuotas al partido.

Mas ha subrayado que las cartas enviadas por ERC para pedir aportaciones a trabajadores de los departamentos que controla fueron "cartas de amenaza", porque "cuando tú le dices a una persona que si no cotiza en tu partido la echarás es una amenaza. Que no traten de negar la evidencia. Son amenazas en toda regla, extorsión". Según Mas, que prevé "alguna sorpresa más" en este tema, la postura del gobierno catalán ante este asunto responde a "una nueva operación de protección de ellos mismos". "Se trata de proteger el poder y las sillas a cualquier precio. Intentarán convertir este asunto gravísimo en una cosa absolutamente inocua de la que no se derive ninguna consecuencia. Si ahora hacen marcha atrás desde el gobierno para taparse las vergüenzas entre ellos significa que estamos ante una nueva operación de protección del poder, al margen del interés del país", ha insistido.

Para Mas, "un comportamiento mínimamente ético por parte del gobierno de la Generalitat debería llevarles a reconocer este inmenso error, a pedir responsabilidad" y el presidente catalán, Pasqual Maragall, "tendría que ejercer de una vez de presidente de la Generalitat, que no ha dicho ni pío, como si no fuera con él". Mas ha considerado "inadmisible" que el gobierno catalán intente tender una "cortina de humo" para tapar el asunto, si bien ha rehusado avanzar cuál será la reacción de CiU ante esta postura. Según el líder de CiU y jefe de la oposición en Cataluña, "hay que ver si con relación a este tema sale más información. No viene de cuatro horas, ni de una tarde ni de una mañana. Nos consta que hay decenas y decenas de cartas enviadas con esta amenaza y coacción por parte de ERC". "Si el gobierno no reacciona, en el momento que corresponda exigiremos las responsabilidades que haga falta. Yo creo que todo esto deparará aún alguna sorpresa más", ha advertido.

CiU pedirá "responsabilidades" a Maragall

El portavoz parlamentario de CiU, Felip Puig, ha advertido de que, si el gobierno de la Generalitat no toma hoy medidas ante la polémica sobre la financiación de ERC, pedirá a Pasqual Maragall "responsabilidades" por este caso, y ha denunciado "amenazas" y presiones para tapar denuncias de posibles afectados. Tras la reunión del grupo parlamentario de CiU, Puig ha explicado que hoy mismo ha remitido sendas cartas al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, la directora de la Agencia Catalana de Protección de Datos, Esther Mitjans, y el conseller de Gobernación, Joan Carretero, para pedirles que intervengan para "defender los derechos de trabajadores" relacionados con departamentos de la Generalitat controlados por ERC que se negaron a pagar cuotas al partido.

CiU quiere que el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) "garantice la protección a los trabajadores que se hayan sentido amenazados o estén bajo un régimen de miedo", mientras que la Agencia de Protección de Datos debería "analizar si puede haber habido un uso fraudulento de datos protegidos por la ley" en el envío de cartas a trabajadores de la Generalitat por parte de ERC, a la que ha acusado de querer actuar como una Empresa de Trabajo Temporal (ETT) dentro del gobierno. En cuanto al conseller de Gobernación, CiU le pide que, como máximo responsable de la función pública catalana, inste al cuerpo de inspectores de la función pública que dependen de su consellería a intervenir, "desde el criterio de que se han vulnerado las relaciones laborales y los mecanismos y las garantías de la administración de la Generalitat" y, además, "convoque urgentemente la mesa de la función pública de Cataluña y se aborde este caso".

Con esta implicación de "instituciones con responsabilidades en el ámbito de la defensa de los ciudadanos, CiU pretende "generar las condiciones para que haya gente que se atreva a denunciar todo esto, que haya organismos independientes que puedan amparar la investigación a fondo de estas situaciones". "Si ha habido gente que ha visto restringidas sus posibilidades de promoción laboral y profesional, si ha habido gente que ha visto extinguida su relación laboral, ¿cómo se quiere que en el momento en que todo esto ha aflorado no haya aún más amenazas para que no haya nadie que lo denuncie?", ha alertado. Según ha asegurado Puig, en estos momentos en el ámbito de la administración de la Generalitat se están registrando "amenazas para que no se pueda hacer público, presiones para que no se hable".

Aún así, ha dicho estar "convencido de que en las próximas horas" se producirán denuncias con relación a este asunto. "Si no, seremos nosotros quienes tomaremos parte para que haya la correspondiente investigación judicial", ha anunciado. Por otra parte, Puig ha avisado de que si en su reunión de hoy el gobierno catalán "no toma iniciativas concretas para llegar al fondo de la cuestión y garantizar los derechos de las personas que se han visto sometidas a coacciones, amenazas e incluso despidos, creeremos tener derecho a exigir ya responsabilidades políticas" a Maragall.