El Gobierno deberá notificar a Bruselas cualquier medida sobre la OPA de E.ON

La Comisión Europea ha advertido al Gobierno de que tiene que notificarle con antelación cualquier medida que pretenda adoptar la Comisión Nacional de la Energía (CNE) respecto a la OPA de la alemana E.ON sobre Endesa para verificar de antemano si es o no compatible con la legislación comunitaria, según ha explicado hoy el portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, quin no obstante ha recordado que aunque Madrid no puede adoptar decisiones sobre cuestiones de competencia, sí puede alegar la defensa del interés público, en cuyo caso las medidas deben ser proporcionales y cumplir la legislación europea sobre concentraciones.

El director general de Competencia, Philip Lowe, escribió el pasado viernes 24 de marzo una carta al Gobierno en la que le recuerda que "si las autoridades españolas, incluido el regulador de la energía, toman alguna medida que afecte a la OPA de E.ON sobre Endesa, tendrán que ser notificadas a la Comisión Europea", según el portavoz. El Ejecutivo comunitario investigará entonces si existe un "auténtico interés público" que justifique las medidas, si éstas son "proporcinadas respecto a este interés público", y si respetan todos los aspectos de la legislación comunitaria, incluyendo la libre circulación de capitales, el derecho de establecimiento, la libertad para prestar servicios o el principio de no discriminación por razones de nacionalidad.

En un plazo "suficiente"

La notificación por parte del Gobierno de las medidas contra E.ON deberá producirse en un plazo suficiente para que la Comisión pueda evaluarlas antes de su entrada en vigor y bloquearlas si son contrarias a la normativa europea, explicó Todd. El Gobierno español no tiene que responder a la misiva, cuyo único objetivo es "recordarle sus obligaciones". En la carta se recuerda además a las autoridades españolas que tienen que respetar la "competencia exclusiva de la Comisión sobre las fusiones de dimensión comunitaria", al igual que España tiene la competencia exclusiva para examinar la OPA de Gas Natural sobre Endesa, según ha recalcado el portavoz. Preguntado por si el Gobierno puede invocar la seguridad de suministro como razón de interés público para bloquear la OPA de E.ON, Todd ha dicho que "dependerá de las circunstancias" aunque se ha negado a "especular" sobre los argumentos que pueden esgrimir las autoridades españolas.

E.ON notificó a Bruselas su OPA sobre Endesa el pasado 16 de marzo, y el Ejecutivo comunitario tiene 25 días laborables, hasta el 25 de abril, para decidir si la autoriza o abre una investigación en profundidad por considerar que puede plantear "riesgos" para la competencia. Además del procedimiento que sigue el departamento de Competencia de la Comisión, dirigido por Neelie Kroes, continúa abierta la investigación lanzada por la dirección general de Mercado Interior, y el comisario Charlie McCreevy, que cree que el decreto que amplia las competencias de la CNE para que examine la OPA de E.ON puede vulnerar la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento.

McCreevy recibió el pasado viernes, una semana después de que venciera el plazo, las explicaciones de las autoridades españolas, y ahora está estudiándolas. En las próximas semanas decidirá si lanza o no un procedimiento de infracción contra España por este caso.

El Gobierno modificó la CNE siguiendo el criterio del "interés general"

Por su parte, el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, ha admitido hoy que la OPA de E.ON sobre Endesa es una operación "claramente comunitaria" en materia de Competencia, pero ha recordado las facultades que la legislación europea concede a los Estados miembros para defender el interés general. Antes de participar en un almuerzo organizado por la Cámara de Comercio Americana en España, Solbes ha declarado que "no hay nada que objetar" al planteamiento de la Comisión Europea (CE) de que la OPA debe ser analizada en Bruselas desde el punto de vista de la Competencia.

No obstante, el titular de Economía ha recordado que el artículo 21 del Reglamento europeo de concentraciones plantea tres excepciones: la pluralidad informativa, la supervisión financiera y la defensa del interés general, premisa en la que se basa la decisión del Gobierno de ampliar las funciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Solbes ha explicado que en este punto "puede existir algún debate".