ERC defiende que el pago de cuotas de sus cargos es la única vía para «ser libres»

El secretario de organización de ERC, Xavier Vendrell, ha defendido el sistema de financiación de su formación y el cobro de cuotas a los cargos de designación política, aunque no sean militantes, como única vía para "ser libres" de los "poderosos" y evitar "presiones de grandes empresas", que, ha asegurado, se dan en otros partidos. Vendrell ha reconocido que como responsable de finanzas de ERC ha remitido cartas a 209 cargos "comprometidos con el proyecto de ERC" exigiendo el cumplimento de la carta financiera del partido y afirma que "no se ha pedido a ningún telefonista ni administrativo".

De hecho, sostiene que en las últimas horas ERC ha recibido "decenas de mensajes de militantes y cargos" que dicen que "no aflojemos y que están orgullosos de contribuir al partido de forma transparente". A juicio de Vendrell, "se ha hecho una bola muy grande de una cosa que tiene una importancia nimia", al tiempo que ha responsabilizado de los ataques de PP y CiU a un "acoso permanente para que ERC cambie su voto respecto al Estatut".

Sin embargo, para el presidente de CiU, Artur Mas, ERC sólo trata de "controlar y patrimonializar la administración pública" catalana y "hacer la suya" mediante "irregularidades flagrantes y que son demostrables". A su juicio, el "sectarismo y afán de control" que guían los actos de ERC deberían ser analizados por la Fiscalía. A estas críticas se ha sumado el portavoz parlamentario de CiU, Felip Puig, quien denuncia que se han producido despidos y casos de acoso laboral en trabajadores relacionados con departamentos de la Generalitat controlados por ERC por haberse negado a pagar cuotas al partido.

CiU quiere que sea la Fiscalía la que examine el caso

Puig ha dicho en rueda de prensa que "hay suficientes evidencias como para que las altas instancias judiciales y de la Fiscalía del TSJC observen si es pertinente" poner atención sobre este caso. Según Puig, la Fiscalía "puede tener suficientes motivos e información como para que, de oficio, instruya las correspondientes diligencias de investigación previa ante la posible comisión de distintos tipos de delito". En este sentido, ha apuntado que "se pueden haber producido diferentes vulneraciones legales", contra la ley de protección de datos, acoso laboral, intentos de "coacción y extorsión" o "despidos y decisiones de tipo laboral y profesional irregulares". "Si no se actúa de oficio tanto desde la administración de la Generalitat como desde las instancias judiciales, CiU también hará los pasos parlamentarios, políticos, administrativos y, si hace falta, también de personación ante las instancias judiciales para instar a la apertura de los expedientes correspondientes".

Sin embargo, Puig está "convencido" de que "habrá alguien que romperá este clima de terror y se atreverá a denunciar públicamente lo que ha sufrido con estos casos", porque "no se trata de uno sino de algunos casos de rescisiones laborales; ha habido más de un despido por no haber aceptado estas condiciones de adhesión económica a ERC, y hay bastantes casos de desplazamiento laboral". Puig ha denunciado casos de "trabajadores de empresas públicas que tienen relación estrictamente laboral y que se les ha acabado despidiendo porque se han negado a entrar en esta dinámica". También ha mencionado casos de "funcionarios que tenían determinados puestos de responsabilidad en organismos administrativos pero que, como no se les puede despedir, cuando no entran en estas dinámicas se les acaba desplazando de los puestos de trabajo para ponerlos al final del pasillo, en oficinas oscuras, en lugares de responsabilidad de carácter más bajo". No ha querido desvelar los nombres de los presuntos empleados afectados porque "quieren preservar hoy su anonimato".

Para Puig, esta práctica es un "escándalo de proporciones inimaginables", una "actuación carente de toda ética, impropia de un Estado de derecho, inimaginable en un sistema democrático" y "más propio de un partido revolucionarios de visión totalitaria". Puig ha considerado "normal" que los militantes con cargos con dedicación exclusiva, que no tienen ninguna relación laboral ni de funcionario con la Generalitat, paguen una cuota complementaria, con carácter voluntario, a su partido. "Otra cosa", a su juicio, es que se exijan por escrito cuotas obligatorias a no militantes, bajo "amenaza de tomar decisiones sancionables en los órganos políticos respectivos", lo que constituye "un chantaje con amenazas de rescisión laboral".

"Régimen del terror" en la administración catalana

Según Puig, el secretario de Organización de ERC, Xavier Vendrell, "está mintiendo para rehuir sus responsabilidades no sólo políticas sino también administrativas y presuntamente delictivas". En su opinión, Vendrell "es uno de los máximos responsables de que en la administración de la Generalitat se haya instalado un régimen del terror y un mecanismo de presión y coacción que hay que extirpar inmediatamente". CiU ha presentado en el Parlament la petición de comparecencia del conseller primer, Josep Bargalló, del conseller de Gobernación y Administraciones Públicas, Joan Carretero, además de Vendrell. También pide "separar cautelarmente de sus funciones" a Vendrell y que se proceda a su "fulminante destitución" si se confirman las "rescisiones y los desplazamientos de puestos de trabajo" de trabajadores que no han aceptado estas amenazas.