La Junta reclama al Gobierno que modifique el actual sistema de financiación autonómica

Coincidencia plena. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y el consejero andaluz de Presidencia, Gaspar Zarrías, coincidieron en varios puntos de vista que resumieron en uno: No había sido una Comisión Mixta de Transferencias más. Al contrario, el de ayer fue un encuentro de gran calado político e institucional.

La Junta de Andalucía, a través de José Antonio Griñán, titular de Economía y Hacienda, hizo una «petición formal» al Gobierno de cambio en el modelo de financiación de las comunidades autónomas. Por este motivo, anunció que en el próximo mes de abril presentará sus propuestas a Moncloa. Con esta iniciativa se quiere evitar, por ejemplo, reuniones como las de ayer para transferir con cierta urgencia 91,1 millones de euros a la asistencia sanitaria andaluza, por necesidades de presupuesto, fondos que forman parte de los 690 millones que recibirá la región andaluza por este concepto.

La respuesta fue positiva e inmediata. Ayer, tras la cesión oficial de la gestión de los parques nacionales de Doñana y Sierra Nevada en un acto que se celebró en pleno paraje onubense, Jordi Sevilla anunció que el Ejecutivo de Zapatero ya tiene fijado los plazos para abordar este cambio de modelo ante lo que consideró como un fracaso evidente del actual, ideado por el anterior Gobierno del PP.

El titular de Administraciones Públicas informó de que, además de a la andaluza, su Departamento ha solicitado propuestas y sugerencias a todas las comunidades autónomas. Los documentos se estudiarán para, en octubre, ultimar el texto base. El año que viene comenzará la tramitación de esta modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley de Cesión de Tributos. La nueva norma entraría en vigor en 2008.

Todos por igual

En cualquier caso, no se trata de que todas las comunidades autónomas tengan el modelo e financiación que más les interese, sino que deberán someterse al mismo sistema que nacerá, eso sí, de uno común de las propuestas de todos los territorios. El ministro intentó despejar posibles dudas: «Una cosa son principios que pueden figurar en algún Estatuto de Autonomía y otra cosa es un modelo de financiación, que es algo más complicado, que habrá que consensuar entre las comunidades autónomas y el Parlamento español».

Andalucía tiene claro lo que desea en este proceso: Incrementar la autonomía financiera de la Comunidad aumentando la capacidad normativa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Este es el objetivo principal de la Junta, según explicó el consejero Griñán, quien adelantó que la intención del Gabinete de Manuel Chaves es trasladar su propuesta formal en un plazo de dos semanas, tomando como base los principios recogidos en el capítulo relativo a Hacienda de la proposición de Ley de reforma del Estatuto andaluz de Autonomía.

Esta establece, como criterio general lo siguiente: «Andalucía dispondrá de los recursos necesarios para atender de forma estable y permanente el desarrollo y ejecución de sus competencias y para que quede garantizado el principio de igualdad en el acceso y prestación de servicios y bienes públicos en todo el desarrollo español».

Griñán, antes de enviar su iniciativa a Madrid, la desmenuzará en el Parlamento. La metodología de esta petición se basará, al menos inicialmente, en la ampliación hasta un 50% de la cesión a las comunidades autónomas del IRPF, el IVA y los impuestos especiales, estableciendo un esquema de módulos en el IRPF que permita ampliar la capacidad normativa de cada región española.

Además, la Junta trasladará a este terreno otro de sus principales caballos de batalla en el debate territorial: La utilización del baremo poblacional. Así, el Ejecutivo que preside Manuel Chaves desea que se tenga en cuenta la población real efectiva y su evolución a efectos de financiación y propondrá que se establezca un bloque de financiación específico para las competencias en materia de educación.

En una reunión bilateral de las características de ayer, los periodistas siempre plantean la cuestión de la deuda histórica de Andalucía. Parece que no hay muchas novedades, a tenor de las declaraciones de Jordi Sevilla. El ministro, que afirmó que la negociación va bien, no adelantó plazos, pero sí mostró su convencimiento a que este contencioso quedará resuelto antes de que entre en vigor el nuevo modelo de financiación.

Dentro del clima de entendimiento que presidió la jornada, Zarrías le lanzó varias indirectas al ministro sobre el Guadalquivir, cuya gestión reclamará Andalucía con su nuevo Estatuto de Autonomía. «Hablaremos», prometió Sevilla.