Los jueces y fiscales vascos mantendrán sus guardaespaldas

Todos los jueces y fiscales vascos mantendrán sus servicios de escolta, salvo decisión estrictamente personal en sentido contrario, hasta que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y las Fuerzas de Seguridad del Estado den por certificada la veracidad del alto el fuego permanente decretado por ETA. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior, que ha analizado ya la nueva situación alumbrada tras el anuncio de distensión de la organización terrorista, recomendará formalmente a los magistrados que sean pacientes y no renuncien todavía a los guardaespaldas que velan por su seguridad desde hace más de cuatro de años, a la espera de consultar y conocer con exactitud el criterio de los expertos policiales de los Ejecutivos central y vasco.

Los alrededor de 270 miembros de la Judicatura y del Ministerio Público que ejercen en Euskadi y Navarra se vieron obligados a vivir bajo la sombra protectora de los escoltas después de que la banda asesinara a su colega de la Audiencia de Vizcaya José María Lidón, el 7 de noviembre de 2001, en plena ofensiva criminal tras la ruptura de la anterior tregua. Era la primera vez que ETA mataba a un juez vasco, y el atentado provocó una honda conmoción en sus compañeros. A los pocos días, todos y cada uno de ellos empezaron a trabajar escoltados, una condición limitada hasta entonces a los profesionales del Supremo o la Audiencia Nacional.

En este tiempo, ha habido jueces a los que se les ha hecho muy cuesta arriba llevar custodia permanente, sobre todo cuando empezaron a transcurrir los meses sin atentados mortales de la banda. Sin embargo, las medidas de seguridad, adoptadas en coordinación por el ministerio y la consejería de Interior, nunca se relajaron, ante la evidencia de que continuaban produciéndose ataques contra los juzgados -uno de los objetivos principales de los violentos en los últimos meses- y de que los terroristas no habían levantado su amenaza contra los integrantes de la Magistratura.

Ninguna solicitud

Ese servicio de protección no sufrirá alteraciones, al menos de momento, tal y como ratificó ayer la Sala de Gobierno del Tribunal Superior, que solicitará próximamente la opinión de los expertos policiales antes de adoptar ninguna decisión y aconsejará a los profesionales que no renuncien a la escolta hasta que se acredite la solidez del alto el fuego. El órgano gubernativo no ha recibido ninguna solicitud pidiendo la supresión de los guardaespaldas, aunque sí ha palpado ya un cierto deseo en el colectivo de que se revisen los sistemas de protección personal.

Los jueces vascos han venido a reaccionar ante el anuncio de ETA con una mezcla de alegría, esperanza y cautela; y, en algunos casos, con una cierta inquietud ante la posibilidad de que se intensifiquen los llamamientos para que no entorpezcan el proceso de paz. El presidente del TSPV ha insistido en las últimas semanas en que el papel al que deben ceñirse los magistrados es al de ser garantes de la legalidad.