Administrar la esperanza

El «alto el fuego permanente» declarado por ETA, y cuyo inicio fijó para el día de hoy, adquirirá credibilidad con el transcurso del tiempo y siempre y cuando los atentados, sabotajes y amenazas desaparezcan drásticamente. La esperanza que despertó el comunicado de la banda terrorista cuajará en la ciudadanía en la misma medida en que ésta, que ha vivido expectante casi tres años sin atentados mortales, perciba también que no queda rastro alguno de actividad terrorista. Es obligado señalar que la inusual brevedad del anuncio de alto el fuego ha dejado en el ambiente la incógnita sobre si la voluntad de ETA abarca al conjunto de su trayectoria violenta o si -como ocurriera durante la tregua de 1998- se reserva la posibilidad de liberar parte de su bárbara energía mediante el mantenimiento de la kale borroka o la perpetuación de la extorsión. El hecho de que en la versión en euskera de su segundo comunicado ETA hable del «cese permanente de sus acciones armadas» refleja, en cualquier caso, que no tiene por ahora intención de suspender su actividad logística u organizativa. Pero serán los hechos, y no las palabras del pronunciamiento etarra, los que precisen el verdadero sentido de «un alto el fuego permanente». La oportuna indicación del portavoz socialista Alfredo Pérez Rubalcaba señalando que sólo cuando existan signos inequívocos de que los terroristas abandonan las armas para siempre podrá entrar en vigor la resolución parlamentaria que faculta al Gobierno a dialogar con quienes adopten tal decisión, no sólo fija una condición asumible por todas las fuerzas democráticas; además constituye un emplazamiento a ETA para que no olvide cuál es el horizonte que persiguen alcanzar la sociedad y las instituciones.

Es necesario que el diálogo político entre los partidos y entre las instituciones se distancie lo más posible del momento en que ETA anuncia su alto el fuego. No sólo porque el reconocimiento de un cambio de situación requiere superar previamente la prueba de la inactividad etarra, sobre todo porque podrá hablarse de normalización únicamente si el diálogo político se libera de toda sombra de coacción y se desarrolla sin que ETA se inmiscuya en él ni directa ni indirectamente. Porque una cosa es que la retirada de ETA del escenario político propicie el entendimiento y el eventual acuerdo entre diferentes y otra radicalmente distinta que los frutos de ese diálogo deban contentar a ETA bajo amenaza de que vuelva a matar. Si el alto el fuego conduce a una paz definitiva es posible que se den las condiciones para que quienes en los primeros años de la transición decidieron descolgarse del proceso democrático atentando contra él o negando su existencia puedan encontrarse con la inmensa mayoría de la sociedad. Pero la integración de la izquierda abertzale en un marco de juego compartido con los demás no puede darse al precio de desalojar de ese espacio común a cualquier otro sector de opinión y opción política. Resulta evidente que la izquierda abertzale tratará de catapultarse mediante el impulso del alto el fuego. Como no es casual que el anuncio se haya producido en vísperas de la manifestación convocada para el día 1 de abril y con el Aberri Eguna como referencia de cierre de una secuencia que se presume ascendente por parte del nacionalismo radical. Pero sería una temeridad que tan calculado movimiento acabara contando con el concurso de fuerzas que hoy ocupan posiciones de gobierno en la autonomía vasca.

En este sentido, el diálogo político será normalizador en la misma medida en que su desarrollo se circunscriba al ámbito institucional. Pero también será más normalizador cuanto menor sea la efervescencia política y partidaria que se suscite a la luz de tan esperanzadora noticia. La confirmación de que el Gobierno vasco tiene previsto dar a conocer su particular plan de paz el próximo mes de abril constituye la segunda muestra en dos días del impaciente protagonismo con el que sus socios -y en especial el lehendakari Ibarretxe- pretenden simular una capacidad de iniciativa que harían bien en dejar, por ahora, en manos del presidente Rodríguez Zapatero.

La alegría y el alivio que el alto el fuego ha suscitado en Euskadi y en el resto de España responden a una mezcla de convicción y deseo de que esta vez ETA no tiene más remedio que optar por la retirada definitiva. El cambio del clima social y político es apreciable, aunque por ahora se sustente únicamente en la literalidad del comunicado de ETA. Pero mientras ETA exista como realidad fáctica ni las leyes ni la conducta de quienes representan al Estado de Derecho tienen por qué experimentar cambio alguno. La legislación penal y la Ley de Partidos están avalados también por la eficacia que su aplicación ha demostrado a la hora de conducir a las tramas del terrorismo a un callejón sin otra salida que el desistimiento. Si ETA ha acabado declarando un alto el fuego permanente es, precisamente, como consecuencia de la presión que ha ejercido el Estado de Derecho sobre el terrorismo.

También por ello sólo su definitiva disolución, la desaparición de su latente amenaza, permitirá a la democracia revisar cuantas normas y pautas de acción ha habilitado para acabar con el terrorismo.