El Gobierno recuerda a Conde-Pumpido que el Estado de Derecho «debe regirse por la ley»

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tendrá que explicar en el Parlamento por qué anunció el miércoles que los fiscales pedirán a los jueces que, a la hora de tomar decisiones, «valoren la nueva situación» creada tras el anuncio de alto el fuego de ETA. El PP ha pedido la comparecencia de Conde-Pumpido en el Congreso para que rinda cuenta de una actitud que Mariano Rajoy calificó de «auténtico disparate».

El líder de la oposición criticó el comportamiento del fiscal general y apuntó -en declaraciones a la COPE- que «el Estado de Derecho no está en tregua», además de asegurar que la situación no ha cambiado para la Administración de Justicia. Se mostró en total desacuerdo con el fiscal general porque «no sé exactamente a quién está sirviendo, si al conjunto de los españoles o a otras cosas».

El portavoz popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, propuso acumular esta comparecencia a otras que tiene previsto celebrar el próximo martes, con el argumento de que «es lo normal, lo lógico y algo que a él mismo le puede interesar». Zaplana tildó de «tremendamente alarmante» la actitud de Conde-Pumpido y calificó sus palabras de «absolutamente intolerables en quien tenía que ser el de mayor celo en exigir el cumplimiento de la ley».

Tampoco al Gobierno le ha gustado el comportamiento del fiscal general. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, evitó la crítica directa a Conde-Pumpido pero dejó claro que su comentario sobre la necesidad de que los jueces «valoren» el alto el fuego de ETA, no es compartida por el Ejecutivo. López Aguilar subrayó que todo Estado de Derecho debe estar «regido por la ley» y que el poder judicial y la fiscalía «no están expuestos a las incidencias políticas o los acontecimientos que se puedan producir» cada día.

Por si no había quedado claro su desmarque, el ministro insistió en que la opinión del fiscal general le pertenece a él en exclusiva. «El criterio del Gobierno -añadió- lo expresa su presidente».

De la misma opinión participan la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional de la Magistratura que también criticaron las declaraciones del fiscal general. Los fiscales progresistas señalaron que la declaración de alto el fuego de ETA «no debe afectar» a los sumarios que se siguen contra sus miembros. La APM, por su parte, recordó a Conde-Pumpido que los jueces ejercen «su labor jurisdiccional sometidos al imperio de la ley» y no deciden «con arreglo a sus criterios».