Ideas claras

El anuncio, semánticamente contradictorio, por parte de la banda terrorista ETA de que se propone «declarar un alto el fuego permanente» (?) a partir de hoy debe recibirse con total serenidad, huyendo de cualquier clase de excitación. No sólo porque nos hallamos a la espera de ulteriores precisiones sobre los propósitos de los terroristas, sino porque el proceso, largo y difícil, que en su caso pueda iniciarse para la extinción de la actividad etarra va a requerir del Gobierno grandes dosis de temple, ideas claras y sentido de la dignidad del Estado cuya política dirige. Muchas serán las presiones, de uno u otro signo, que el Gobierno habrá de soportar. Ahora bien, si quiere resistirlas con éxito deberá atenerse escrupulosamente a la resolución aprobada por el Congreso de los Diputados el 17 de mayo de 2005, de la cual importa resaltar la afirmación de que "la violencia no tiene precio político y la democracia española nunca aceptará el chantaje" en tal sentido. Ojalá no se olviden estas palabras, que reflejan el solemne compromiso de los representantes del pueblo español.

Ideas claras, he dicho. La primera es que todos los infractores de la ley por su vinculación con el terrorismo han de ser llevados a juicio a fin de que resulten depuradas sus responsabilidades penales y civiles. Los delitos cometidos por los sedicentes gudaris siguen siendo delitos y ningún pacto puede haber al respecto.

En segundo lugar, si, por razones de interés nacional, se considera necesaria una política de indultos, los mismos habrán de otorgarse conforme a lo legalmente dispuesto, lo que supone: a) pruebas o indicios de arrepentimiento de cada uno de los condenados; y b) persistencia de su responsabilidad civil por el daño causado a las víctimas. Así, aunque el Estado se subrogue en dicha responsabilidad para evitar la falta de indemnización de los damnificados, ello no le exime del deber de reclamar a los condenados las cantidades adeudadas y adelantadas. En el programa de indemnizaciones y demás atenciones a las víctimas del terrorismo de ETA no sería malo que colaborara económicamente la Comunidad Autónoma del País Vasco, siquiera fuese por razones de elegancia moral y sensibilidad histórico-política. Demostraría con ello que la pertenencia de Josu Ternera a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento autonómico no constituye el único rostro de una élite hipernacionalista impasible ante el dolor de los otros.

Esa élite, por lo demás, no se contentará con los indultos y querrá contrapartidas políticas de corte soberanista. Ceder sería, no obstante, traicionar el compromiso del Congreso. Téngalo también presente no sólo el Gobierno, sino el Partido Socialista de Euskadi, hoy aquejado del síndrome de abstinencia de un poder compartido antaño con el PNV.

Finalmente, las víctimas del terrorismo merecen todo el apoyo moral y material de los poderes públicos (fracasados, respecto de ellas, en su esencial misión de proteger la seguridad de los ciudadanos) y de la sociedad entera. Y, desde luego, tienen derecho a exigir que se cumplan las leyes. Hecho esto, no pueden, sin embargo, pretender que el Estado renuncie a explorar las vías razonables de pacificación de un conflicto antiguo y lancinante, que tanto los vascos como los restantes españoles quisieran superar. Sin mengua del Estado democrático de Derecho, ciertamente. Sin olvidar a quienes más han sufrido, por supuesto; pero, a la vez, negándoles a éstos la legitimidad de cualquier pretensión de cegar toda salida en nombre de las pérdidas irreparables que han padecido, de las vidas perdidas o destrozadas que la acción de los asesinos ha producido. Las nuevas generaciones de españoles necesitan un futuro de convivencia en paz o las víctimas habrán sufrido inútilmente, pues no serían más que los precedentes de otras víctimas posteriores.