El Congreso respalda al Gobierno y aprueba que la CNE pueda vetar la oferta de E.ON

La Comisión Nacional de la Energía podrá evaluar, y en su caso aprobar, vetar o aceptar con condiciones, la oferta de compra de Endesa lanzada por la E.ON. Todos los grupos parlamentarios salvo el PP aprobaron ayer la reforma de la normativa del organismo regulador, que el Gobierno aprobó apenas tres días después de que el grupo alemán anunciase su intención de adquirir la primera eléctrica española. Además, instaron al Ejecutivo a no ceder ante Bruselas y a mantener su defensa de los interés energéticos nacionales.

La Comisión Europea considera que las modificaciones ponen en peligro la libre circulación de capitales, y ya ha anunciado su intención de abrir un proceso de infracción contra España. El ministro de Industria, José Montilla, se desentendió de estas advertencias. Reiteró que los cambios son necesarios en tanto no se fijen unas reglas comunitarias para el sector y sobre sus procesos de concentración empresarial.

Aunque perseveró en el enfrentamiento, Montilla anunció que el Gobierno enviará de forma «casi inmediata» la información sobre las nuevas funciones de la CNE que le reclamó el Ejecutivo europeo. El retraso, argumentó el ministro, responde a que el Gobierno se debe en primer lugar al Congreso.

Recurso

El responsable económico del PP, Miguel Arias Cañete, criticó con dureza las nuevas potestades de la CNE y acusó al Gobierno de estar empeñado en sacar adelante a toda costa la OPA de Gas Natural sobre Endesa. Y por ello, anunció, su partido presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la medida. A las críticas se sumó el comisario de Asuntos Económicos. En línea con lo expresado el miércoles por el FMI, Joaquín Almunia dijo ayer que el decreto podría ser discriminatorio y por tanto contrario a la legislación de la UE.

Desde ahora, la CNE deberá evaluar todas las compras de más de un 10% del capital o cualquiera que conceda influencia significativa. Y podrá prohibirla si hay riesgos significativos para las actividades reguladas (transporte y distribución de gas y electricidad). También podrá vetarla por cuestiones de interés general, como los objetivos políticos sectoriales o la protección de las centrales nucleares y de carbón nacional.

El Congreso también aprobó ayer la reforma del mercado mayorista de la electricidad. Montilla insistió en que el problema radica en que los altos precios en el 'pool' no se corresponden con los aumentos en los costes de las materias primas. Y apuntó que los precios mayoristas de la electricidad bajaron un 25% en los días siguientes a la aprobación de la reforma.