Las defensas apelan a la falta de pruebas y ven el proceso como «instrumento político»

Era el turno de la mayor parte de los letrados que representan a los siete acusados en el proceso por el supuesto secuestro y agresión contra el que fuera alcalde de Sanlúcar, Juan Rodríguez, quien falleció el pasado viernes. Las peticiones de absolución se fueron sucediendo, una tras otra, en la última sesión del juicio, que quedó ayer visto para sentencia.

La intervención del primero de los cuatro abogados, que explicaron ayer sus conclusiones finales, sirvió de base argumental para el resto de letrados, que se fueron adhiriendo a las palabras del defensor de José Manuel Ahumada. La falta de pruebas que, según la defensa, se evidenció durante el visionado del desalojo del Ayuntamiento, y los intereses de los querellantes por hacer del proceso «un instrumento político» para ganar las elecciones municipales de 2003, fueron el leitmotiv de cada una de las argumentaciones.

Mientras se desgranaban las últimas intervenciones de los abogados, en el banquillo se escuchaban los sollozos de Carmen Ortega, la mujer de otro de los acusados, Jose Manuel Silva, quien posteriormente dijo sentirse incriminada «simplemente por ser la mujer de».

El letrado que copó más tiempo en sus explicaciones, además de recordar que su defendido, José Manuel Ahumada, «nunca tuvo intención de agredir al alcalde», aunque en el video de la prueba pericial aparece agarrando por el cuello a un agente municipal, introdujo un detalle distinto para solicitar la absolución de los acusados. El abogado definió la instrucción del caso de «nefasta» y pidió al Tribunal que tuviera en cuenta que el cambio sustancial en las conclusiones finales del fiscal había supuesto «una vulneración del principio acusativo» y que, por tanto, incidía en el derecho de la defensa, que se había marcado una estrategia distinta en función de las acusaciones iniciales, que al final han sido modificadas sustancialmente. El fiscal cambió las peticiones de penas, al observar una comisión de delito diferente. Desechó la detención ilegal e introdujo las coacciones.