El recibo de la luz

Con evidente oportunidad, en la misma semana que el fiscal del Tribunal de Cuentas hallaba indicios de uso partidista de las campañas publicitarias del entonces ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, se ha conocido la carta que nos ha dirigido a los consumidores gaditanos el presidente del consejo de administración de Eléctrica de Cádiz, José Blas Fernández, también Delegado de Hacienda del Ayuntamiento. En la carta no sólo se informa de algo suficientemente conocido, que las tarifas las decreta el Gobierno de la nación, sino que llega a opinar que esas tarifas son un abuso y recuerda los logros de su propio partido para contener o bajar esos precios. Como propaganda institucional supera a su propio jefe de filas, que se limitaba a cantar las excelencias de su gestión sin llegar a atacar a los demás con dinero público. Pero el problema es más complejo porque Eléctrica de Cádiz es una sociedad anónima, eso sí, con participación mayoritaria del Ayuntamiento, sometida a las reglas de la competencia desde enero de 2003 en que cualquiera puede elegir la compañía que le suministra luz a su casa. Ningún gestor «profesional» caería en el error de vincular su empresa a ninguna opción política concreta, arriesgándose a que los demás la vieran con antipatía y se pasaran a la competencia. Cuando un político actúa como gestor, aunque haya sido elegido por su cargo, debería buscar sólo beneficios para la empresa para la que trabaja. ¿Le pedirán cuentas sus socios de Endesa y Unicaja si Eléctrica de Cádiz pierde clientes por esta politización innecesaria? ¿Para quién trabaja realmente el presidente de la empresa? Por el contenido de esta carta parece que lo hace para su partido. Haciéndole, además, un flaco favor porque vuelve a la actualidad la gestión eléctrica de los populares en el gobierno nacional, ya olvidada por casi todo el mundo.

Es cierto que durante nueve años el Partido Popular no subió la tarifa de la luz pero, al mismo tiempo, aumentó lo que se le pagaba a las empresas eléctricas desde el Presupuesto. Naturalmente la carta del señor Blas Fernández no dice nada de ese dinero que salió de todos los contribuyentes españoles, que pagaban así dos veces por el mismo servicio: con la tarifa del recibo y con sus impuestos. La Ley del Sector Eléctrico, aprobada en 1997, siendo Josep Piqué ministro, supuso la liberalización de ese sector, en el que la energía se negocia en un mercado diario de producción, y reconocía unos costes de transición al régimen de competencia. Para compensar a las eléctricas de posibles pérdidas entre lo que les cuesta generar energía y lo que cobran por la tarifa, se reconoció el llamado «déficit de tarifa», que el gobierno está obligado a pagar a las eléctricas. Aunque parezca increíble en la lógica de cualquier negocio, en todo este tiempo, las eléctricas dicen que siempre han perdido dinero. Intentaré explicar esta cuadratura del círculo: una empresa generadora (Endesa, Iberdrola, por ejemplo) le vende electricidad al Operador del Mercado Eléctrico (OMEL) por un precio, que ellos mismos deciden; luego, una de sus filiares de distribución se lo compra a OMEL, más caro, y lo vende al usuario a precio de tarifa, fijado por el Gobierno. Basta con que las generadoras pongan un precio muy alto para que salga siempre un déficit, que paga el Estado, es decir, todos nosotros. El Gobierno popular nunca se opuso a esos precios que permitían a las eléctricas aumentar sus beneficios y a ellos mantener la ficción de que no subían las tarifas. Un procedimiento injusto que hacía pagar, con esas tarifas falseadas, al ahorrador lo que otro estaba despilfarrando. Hace sólo unas semanas se ha aprobado un Decreto Ley que pretende remediar ese revoltijo, dejando que sea el Gobierno quien fije los precios de las adquisiciones y asimilando a un contrato bilateral esas operaciones de compra-venta entre filiares de la misma empresa que encarecían artificialmente el producto. Pasó desapercibido porque se habló más de la OPA de Endesa, siempre tan bien defendida. A ese pagar dos veces por el mismo servicio le llamamos en Cádiz supertasa.