El Gobierno decidió acabar con las 'acciones de oro' el pasado noviembre

La oferta de E.ON le ha pillado al Gobierno de Rodríguez Zapatero con el pie cambiado. El pasado mes de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley para acabar con las acciones de oro, aún vigentes en algunas de las grandes compañías privatizadas. Dicho proyecto se encuentra en tramitación en el Parlamento y, por lo tanto, no ha entrado en vigor. La aplicación de las acciones de oro, sin embargo, ocasionaría problemas adicionales ya que existe una sentencia del Tribunal de Luxemburgo que declaró ilegal este mecanismo de protección.

En la argumentación que acompaña al proyecto de ley, el Gobierno aseguraba que ya no era necesario mantener estos sistemas de vigilancia porque «la estabilidad de las empresas está hoy en día asegurada y no se aprecian riesgos significativos para el regular desarrollo de sus actividades». Empresas como Iberia, Telefónica y Endesa mantienen vigentes estas acciones de oro, que dejan en manos del Gobierno la capacidad de vetar operaciones estratégicas. En el caso de Endesa, esta medida caduca el 8 de junio de 2007.

Otra vía

El Gobierno tiene otra vía para frenar la entrada de E.ON. Se trata de una disposición incorporada por el Gobierno del PP a la Ley de Presupuestos de 2000. Allí se establece que en el caso de que una compañía extranjera, participada por poderes públicos, entre en el accionariado de una española del sector energético sus derechos políticos se limitarán a un 3% de representación. E.ON se encuentra en ese supuesto, ya que el Gobierno de Baviera posee el 5% de su capital.