Hacienda exigirá a los contribuyentes que le informen de todas sus inversiones

Los inspectores de Hacienda denunciaron ayer que el Gobierno pretende introducir un filtro «político» en la liquidación de los expedientes tributarios correspondientes a las grandes empresas del país, pero también respecto a aquellos casos que se estimen «de especial complejidad», sin que existan motivos tasados para distinguirlos del resto. Así se desprende de la lectura del artículo 188 del futuro reglamento que regulará los procedimientos de gestión e inspección, cuyo proyecto de ley podría ser estudiado y aprobado el viernes próximo por el Consejo de Ministros.

Dicho texto reglamentario, el último que faltaba para completar el desarrollo de la Ley General Tributaria (en vigor desde el 1 de julio de 2004), contiene también otras novedades. Una de las más destacadas es que todos los contribuyentes «tendrán la obligación de informar» al fisco sobre cualquier préstamo o crédito que soliciten, así como respecto a los valores, seguros y rentas en los que tengan invertido su patrimonio financiero. A su vez, los pequeños empresarios y comerciantes deberán comunicar todas las operaciones que anoten en sus libros de registro, que hasta ahora sólo eran controlados por Hacienda a efectos de supervisar el impuesto del IVA. Los cambios que introducirá la Agencia Tributaria también alcanzan al ámbito inmobiliario, donde se exigirá a los notarios que informen de todos los actos y contratos en los que intervengan, no sólo de aquellos donde se suscribía una hipoteca, como ocurría hasta ahora.

También se refuerzan los censos tributarios, donde se incrementan las competencias de las administraciones autonómicas, y se abre la puerta a una interpretación más extensiva de los supuestos de ingeniería fiscal, lo que provocará una mayor conflictividad en las actas.