El PP recurre la Ley del Suelo por considerarla inconstitucional

El presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, presentó ayer ante el Consejo Consultivo de Andalucía, -órgano encargado de tramitarlo al Tribunal Constitucional (TC)- el recurso de inconstitucionalidad planteado por 120 ayuntamientos andaluces por la Ley de Vivienda Protegida y Suelo de Andalucía, en un día «importante» en el que destacó la trascendencia de que «por primera vez en la historia se va a presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso a través de los ayuntamientos».

Arenas señaló la importancia de que este recurso «esté promovido por ayuntamientos que representan a 120 municipios de Andalucía y que se corresponden con más de 2,5 millones de habitantes en la comunidad autónoma», lo que representa más del 30 por ciento de la población andaluza. Así, manifestó que se trata de «un instrumento legal que nunca se ha utilizado y que se pone en marcha por primera vez. Eso significa un dato muy positivo de la participación e implicación de los ayuntamientos en la vida institucional andaluza».

Según Arenas, «la base fundamental de este recurso es que consideramos que la Ley de Suelo y de vivienda protegida es una ley que invade rotundamente las competencias municipales de los distintos ayuntamientos y es claramente inconstitucional».

A juicio del Partido Popular, se trata de una «ley intervencionista» que posibilita retirar las competencias urbanísticas a los municipios «sin tasar ni concretar los criterios para ello», lo que la convierte en un «arma política» que la Junta de Andalucía puede utilizar contra los ayuntamientos.

El conflicto de competencias planteado por los 120 ayuntamientos se presentó al Consejo Consultivo para que elabore el dictamen previo a la presentación ante el TC, «un dictamen que tiene carácter preceptivo pero no vinculante», como aclaró Arenas.

Reglas de juego

Además, Arenas anunció que el grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados va a presentar otro recurso frente a la misma norma y que, en este segundo caso, «va a hacer incidencia en lo que significa las nuevas condiciones que se han puesto en la norma para la venta de Viviendas de Protección Oficial (VPO), que consideramos claramente inconstitucionales y que van en contra de las reglas del juego jurídico».

Arenas dijo que «no se puede plantear limitaciones de derecho con carácter retroactivo, que es lo que hace esa norma para las VPO y que afecta a las familias más débiles».