Diplomáticos británicos y españoles ultiman los acuerdos con Gibraltar

El director general para Europa y América del Norte, José Pons, su colega británico, Dominic Chilcott, y el ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, se reúnen hoy para ultimar un plan de cooperación trilateral. El lugar de la cita, Chevening House, en el sudeste de Inglaterra, evocará en los reunidos el peso histórico de su tarea. Hasta que su último ocupante decidió cederla al Estado, era la casa de los barones de Stanhope y Mahón, cuyo primer titular fue gobernador de Menorca y comandante de las fuerzas británicas en España en la Guerra de Sucesión.

Desde aquellos años iniciales del siglo XVIII y la firma del Tratado de Utrech, en 1714, no existía una atmósfera tan benigna sobre la cuestión gibraltareña como la fomentada en los últimos dos años en el Foro Trilateral de Diálogo.

El acuerdo estaba ya preparado en otoño, pero la presidencia europea del Reino Unido y la necesidad del Gobierno español de darse un respiro en los frentes abiertos sobre cuestiones de soberanías aconsejaron el aplazamiento. Ahora se aspira a una firma pública en marzo o abril.

El acuerdo está inspirado en la filosofía de la ósmosis preconizada por uno de los ministros de Exteriores más interesados personalmente en la cuestión gibraltareña, Fernando Morán.

La filosofía dice que el fomento de relaciones bilaterales entre Gibraltar y la comarca de la Bahía de Algeciras diluirá el pleito soberanista y hará que los gibraltareños se sientan más cómodos con la idea de ser españoles.

Conjugue el verbo ceder

La práctica no ha confirmado la teoría. El 99% de los gibraltareños votó en un referéndum, en noviembre de 2002, contra el proyecto de cosoberanía entonces negociado por los ejecutivos de José María Aznar y Tony Blair, y las sucesivas negociaciones hispano-británicas han demostrado que el Reino Unido no quiere desprenderse de su base militar en el Peñón, donde tiene un aeropuerto para su uso privado, una estación de intercepción de comunicaciones de la red Echelon y un puerto de acceso no restringido para sus submarinos nucleares y los de Estados Unidos, cuyo tratado con España limita el movimiento de estas naves en puertos de la península.

La evolución de la diplomacia española sobre Gibraltar muestra una paulatina y contínua suavización de la posición de los gobiernos democráticos sobre la soberanía del Peñón. Morán pronosticaba efectos positivos de la ósmosis en quince años, pero el Gobierno de Felipe González acabó utilizando los controles en la verja como presión o castigo. El primer ministro de Exteriores de José María Aznar, Abel Matutes, propuso la cosoberanía por un período transicional de 50 años. Y su último Gobierno guardó en un cajón la propuesta británica de cosoberanía simbólica y perpetua.

Ahora, las delegaciones que se reúnen hoy preparan acuerdos en tres áreas más limitadas: el uso civil del aeropuerto por el conjunto de la comarca, el pago de pensiones a ex empleados españoles en Gibraltar y la provisión al Peñón de mejor acceso a las telecomunicaciones, físicamente dependiente de España.

Manteca por los dos lados

El acuerdo representaría un éxito de Peter Caruana, que lograría mejoras económicas sin ningún coste -las pensiones correrán a cargo de Londres y Madrid- y el reconocimiento de Gibraltar por primera vez con su propia voz por un Gobierno español. Londres ha tenido que sortear las objeciones de su Ministerio de Defensa sobre el uso del aeropuerto. Y a la diplomacia española le preocupa que su nueva estrategia simplemente confirme lo que la gente del Campo de Gibraltar dice sobre sus vecinos: «Los llanitos quieren la tostada mantecada por los dos lados».

Porque, paralemamente al avance del Foro de Diálogo Tripartito, Caruana negocia con Londres la reforma de la Constitución gibraltareña de 1969. España ha advertido que no acepta que se incluya un reconocimiento del derecho de autodeterminación.

Londres ha dicho a los negociadores gibraltareños que no puede mencionarse la autodeterminación en el preámbulo de la Carta, pero los últimos borradores contienen, en la lista de derechos individuales, una forzada adopción de la declaración autodeterminista del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

Como el cierre de ambas negociaciones converge ahora, una incógnita es qué acuerdo debe presentarse antes. Madrid quisiera evitar una desagradable sorpresa. ¿Es posible que, tras untar con manteca la tostada del Foro Trilateral, la nueva Constitución pactada por Londres y Gibraltar debilite aún más su derecho soberanista en el Tratado de Utrech?