Cursos sin fondo

Se dice que quien hace la ley, hace la trampa... y, evidentemente, la aplica. Este axioma es constatable en mil y una facetas del funcionamiento diario de las empresas y la actividad ciudadana a través de pequeños juegos de interpretación de la norma, malabarismos sobre requisitos y condiciones para dar cuentas al fisco, o por el simple conocimiento de las propias limitaciones públicas para vigilar el cumplimiento del complejo entramado legal. Esta argucia, siendo absolutamente legítima siempre y cuando se mantenga dentro de los límites de la legalidad, es un constante peligro que obliga a extremar el control, y, por supuesto, a recordar la urgencia de mantener una ética profesional mínima para no descalabrar el sistema completo.

Un ejemplo de esta cuerda floja, de ese fino hilo fácilmente quebrantable, es el último caso de malversación de fondos públicos detectado en la provincia. El presunto fraude no fue un caso aislado, sino que implicó a toda una trama de empresas, responsables sindicales y hasta inspectores de la Administración que, supuestamente, cobró ilegalmente subvenciones europeas por cursos de formación a trabajadores que nunca llegaban a impartir. Hasta 25 detenidos hay ya en un proceso abierto por la Guardia Civil y que, según se comenta, es una manta que sólo acaba de empezar a sacudirse. Quienes se mueven en estas lides aseguran que ocho millones, la cifra a la que podría ascender el desfalco, es mucho, «pero mucho» dinero, y que dado el método de control de las ayudas comunitarias, es imposible cometerlo sin la connivencia del funcionario público encargado de verificar el correcto desarrollo de los cursos.

Una vez más tras diez años de pertenencia a la Unión Europea, esta irregularidad pone en evidencia el sistema de concesión y supervisión de las ayudas comunitarias y, lo que es peor, alimenta la sospecha generalizada de que «quien más y quien menos» ha hecho un mal uso de un dinero clave para el desarrollo de zonas más deprimidas como la gaditana. Doblemente ruin por tratarse de inversión europea, conseguida por la aportación solidaria de los Quince (ahora Veinticinco) y porque forma parte de una bolsa conjunta que se reparte según las necesidades. Sólo son conjeturas, pero la realidad es que Cádiz sigue a la cola del país en desempleo pese a las constantes inyecciones que ha recibido en la última década. Ahora, después de ser destinatarios de un constante flujo económico, llega la hora de la verdad: el grifo empieza a cerrarse y quienes no hayan sabido aprovecharlo eficientemente, afrontarán con más estrecheces la época de vacas flacas que se avecina.

Lo único cierto en toda esta historia es que hablar de fraude y formación incomoda a todos: a unos porque reconocen que estos casos lesionan gravemente la imagen de la patronal y los sindicatos, y demuestran una tentadora incapacidad de vigilancia de la Administración; y a otros porque se atreven a mascullar que todos tienen algo que esconder, un alumno más por aquí, una firma menos por allá y el chanchullo está hecho. En medio, 100.000 parados que esperan su oportunidad y reciben cinco títulos al precio de un uno (como se asegura en la investigación). Un flaco favor para todos.