El Puerto, astilleros y la plaza Sevilla

El proyecto de remodelación de la plaza Sevilla y su efecto sobre el diseño urbanístico de Cádiz para el siglo XXI ha desencadenado un enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Cádiz, el PSOE y la Junta de Andalucía que cada día dificulta más una posible solución y, sobre todo, deja en evidencia a políticos e instituciones obligados a salvaguardar los intereses ciudadanos por encima de cualquier objetivo partidista y electoral. Cada vez más el ciudadano tiene la impresión de que el PSOE de Cádiz quiere convertir la ciudad en un enorme tablero de ajedrez en el que cimentar una victoria electoral sobre Teófila Martínez, con la ventaja que le ofrece disponer del apoyo de la Junta de Andalucía y el Gobierno central. Es comprensible y lícita esta estrategia del PSOE, pero no lo será tanto que intente erosionar al Gobierno municipal a toda costa o que pretenda usurpar la legitimidad de gobierno a través de la asfixia económica. De la misma forma, Teófila Martínez no se puede enrocar en su despacho de San Juan de Dios y culpar de todos sus males a esa presunta presión a la que la quieren someter desde la oposición socialista. Como máxima regidora de la ciudad está obligada a entenderse con la Junta de Andalucía y el Gobierno central, aunque ello requiera ajustarse a requisitos que desde su punto de vistan no sean los más idóneos.

En este escenario caben preguntas que, al no tener respuestas claras, invitan a pensar que hay demasiados intereses tras el proyecto de la plaza Sevilla. No se entiende que la Junta niegue el mismo modelo de financiación (plusvalías de viviendas de renta libre) que propone para el nuevo hospital de Cádiz. Puede oponerse a la construcción de viviendas en la pastilla de terrenos que propone el Ayuntamiento, pero no a que se busquen ingresos para costear el proyecto. Tampoco se entiende que ahora el PSOE aspire a imponer su criterio en cuanto al diseño que, por lógica, corresponde a los ayuntamientos siempre y cuando no se vulneren las normas urbanísticas. Y en este contexto, tampoco es explicable que el portavoz socialista Rafael Román proponga que ahora sea la Junta la que financie la remodelación del Mercado Central y que no mostrase el mismo interés siendo diputado por Cádiz para que el Ministerio de Fomento cumpliese el compromiso adquirido en su día por Álvarez Cascos (PP) para rehabilitar la plaza de abastos. El hecho de que esta propuesta salga a la luz después de que el Ayuntamiento anunciara que acometería en solitario este proyecto arroja más confusión a esta tumultuosa partida de ajedrez.

Más dudas se plantean sobre la negativa de la alcaldesa Teófila Martínez a compartir la idea del PSOE de construir una estación intermodal en la plaza Sevilla. Por lógica, el mejor lugar para conectar los diferentes medios de transporte (tren de velocidad alta, cercanías, autobuses...) es Renfe, ya que no tendría argumentos plantear una estación de autobuses lejos del nudo ferroviario.

El Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía, con la alcaldesa Teófila Martínez y el delegado de Obras Públicas, Pablo Lorenzo, están obligados a reunirse y a mostrar a la opinión pública su modelo para la plaza Sevilla y las razones, si las hay, para no llegar a un acuerdo. Lorenzo no puede excusarse en la burocracia urbanística y debe demostrar con hechos su verdadero interés en desbloquear este asunto.

La vieja aspiración ciudadana de integrar el puerto en la ciudad es una clave fundamental para intentar completar este complejo de cubo de Rubik en el que se ha convertido la plaza Sevilla y su entorno. Aunque nadie quiera abrir a fondo este debate, a nivel privado desde muchos sectores se ve como solución a la falta de espacio de la ciudad el traslado del astillero de Cádiz. Y es que la apertura del recinto portuario va mucho más allá del acto simbólico del derribo de la verja y tiene como núcleo central la utilización de los terrenos de astilleros.

Ningún político quiere abanderar este debate por la extraordinaria identificación de Cádiz con la industria naval y sus astilleros, aunque muchos de ellos no sólo lo comentan en privado sino que incluso lo defienden como una solución imparable. El hecho de que todavía esté tan cerca la última reconversión y que aún trabajen en la factoría de la ciudad 700 personas (entre los 140 empleados y los 560 operarios de la industria auxiliar) ahuyenta cualquier tentación de debatir este asunto. La complejidad de un traslado, la tradición naval en Cádiz y la enorme conciencia social sobre la trascendencia de este sector en el tejido industrial de la provincia aumentan entre las instituciones públicas el temor de abrir una caja de los truenos con resultados impredecibles.

Es evidente que el diseño urbanístico de Cádiz se encuentra en una etapa crucial que requiere que todas las instituciones y los políticos y técnicos que las representan estén a la altura de las circunstancias. Una vez más es necesario recordar la responsabilidad de todos aquellos con capacidad de decisión en el futuro de Cádiz y la provincia. El próximo Plan General de Ordenación Urbana, la expansión del puerto de Cádiz y su consolidación como motor económico de la ciudad y el segundo puente de la Bahía confluyen como elementos decisivos que marcarán el futuro de la ciudad en el próximo siglo. Pero ello no debe ocultar el peligro que supone frivolizar sobre la importancia que aún tiene el sector naval, a pesar de que las progresivas reconversiones lo han situado al borde del abismo y bajo la peligrosa dependencia de la inversión pública.

Para que Cádiz sea dueña de su futuro sólo cabe tomar las riendas de su desarrollo, afrontar sus fortalezas y debilidades y debatir sobre ellas por complejas y delicadas que puedan ser y reclamar una conciencia común por encima de intereses partidistas que eviten que los palos en las ruedas den al traste con una ciudad cuyos ciudadanos merecen ser protagonistas de su propio destino.