Informe constitucional

La actual tensión política hace impensable que las grandes fuerzas políticas consigan encontrar el ambiente de concertación que sería indispensable para acometer una reforma constitucional relevante. Éste ha sido el argumento que ha manejado el consejero de Estado y ex presidente, José María Aznar, para oponerse en solitario no tanto al informe de esta alta institución consultiva sobre la reforma de la Carta Magna cuanto a la oportunidad misma de proponer la mudanza. Y aunque otros consejeros hayan recordado a Aznar que su presencia en el Consejo de Estado es en reconocimiento a su experiencia y no para que interfiera con razones de oportunidad política, es justo reconocer que no se hubiera entendido que Aznar no hubiese dejado constancia de su sintonía con la estrategia actual del PP.

Al margen de estas circunstancias, está claro que el informe, cabal y técnicamente impecable, tendrá escasa utilidad no sólo por la citada imposibilidad de la reforma sino porque el requerimiento al Consejo de Estado no fue correctamente planteado en los aspectos clave. Tanto la reforma del Senado, determinante en la definición del modelo de Estado resultante, como la mención explícita a las Comunidades Autonómicas existentes -que en realidad habría de ser una reescritura del Título VIII y por tanto una consolidación del modelo autonómico vigente- han de responder a iniciativas eminentemente políticas, que después habrán de ser ajustadas por los técnicos, y no al contrario. El Consejo sortea esta evidencia por el procedimiento de mostrar, en ambos asuntos, un abanico de posibilidades de avance, e incluso determinadas advertencias sobre asuntos colindantes -como la conveniencia de reintroducir el recurso previo de inconstitucionalidad-, pero es obvio que no emite, porque no es su cometido, las definiciones cerradas que se le reclamaban.

Impecable y completa es en cambio la propuesta de reforma concerniente a la supresión de la primacía del hombre sobre la mujer en la línea sucesoria de la Corona. Y los dos grandes partidos, hoy desacreditados por su incapacidad para rebajar el clima de crispación que caracteriza el clima político de esta legislatura, darían muestras de buen sentido si al menos en este asunto fueran capaces de ponerse de acuerdo. Como se sabe, la reforma del artículo 57 de la Constitución, que corregiría el problema, requiere, además de la mayoría cualificada de ambas cámaras, la disolución del Parlamento y la convocatoria de un referéndum. Habría, pues, que hacer coincidir esta reforma con el fin de la legislatura, si PP y PSOE llegan al entendimiento, que debería incluir además la decisión de asumir el riesgo que siempre comporta someter a referéndum una vertiente medular de la propia forma de Estado.