La ponencia del 'Estatut' suprime que los jueces y fiscales deban saber catalán
Acuerda que Cataluña sea pionera en la descentralización de la justicia, propuesta que, según el PP, provocará una «auténtica fractura» en el Estado de Derecho
Actualizado:La ponencia que estudia la modificación estatutaria catalana acordó ayer suprimir que el conocimiento del catalán sea obligatorio para los jueces o fiscales que quieran ejercer su profesión en Cataluña. Los ponentes, en vez de «requisito», establecieron incluir que el conocimiento suficiente de la lengua catalana «se valorará específicamente y singularmente» para obtener una plaza en los correspondientes concursos de traslado.
Asimismo, la ponencia aprobó que los órganos judiciales de Cataluña queden subordinados a lo que establezca la futura ley orgánica del Poder Judicial, en trámite de reforma en el Congreso. Así, los ponentes dieron el visto bueno a la mayor parte de las propuestas del proyecto del Parlamento autonómico, que permitirán a esa comunidad convertirse en la pionera en la descentralización de la justicia.
Cataluña tendrá su propio órgano de gobierno de los jueces y un Tribunal Superior de Justicia que será la última instancia de todos los procesos y recursos iniciados en su ámbito territorial. Para el PP esto crea una «auténtica fractura» del Estado de Derecho. Para el PSOE y las formaciones no es más que la adecuación de la Justicia al estado de las autonomías.
El portavoz socialista en la ponencia, Diego López Garrido, aseguró que el Estatuto de Cataluña -tal y como ayer fue aprobado--preserva la unidad del Poder Judicial. El Consejo de Justicia de Cataluña actuará simplemente como «órgano desconcentrado» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, según subrayó, sus atribuciones se adecuarán a la legislación aprobada por las Cortes Generales. López Garrido recordó además que la Constitución establece, en su articulo 152, que los tribunales superiores de justicia culminan la organización judicial en el ámbito autonómico. «Ahora se desarrolla esa previsión que únicamente era efectiva en materia de derecho laboral», explicó. El Tribunal Supremo quedará así tan sólo para a unificación de doctrina.
«Maquillar» una ruptura
El representante del PP en la comisión constitucional, Federico Trillo, discrepó con estas aclaraciones y consideró que las apelaciones a la ley orgánica, introducidas por el PSOE en el texto, sólo tratan de «maquillar» una ruptura evidente del sistema. Trillo defendió que la reforma convertirá al TSJ catalán, «prácticamente», en un Tribunal Supremo propio y aseguró que se «usurparán» al CGPJ competencias que, según el Tribunal Constitucional, son exclusivas suyas.
CiU e ICV renunciaron a que el conocimiento del catalán y del derecho propio se consideren «requisito» para la obtención de una plaza de juez, magistrado o fiscal en Cataluña. El personal de la Justicia, eso sí, deberá acreditar un conocimiento «suficiente y adecuado» de uno y otro. Y en los correspondientes concursos de traslado se valorará «específica y singularmente» que el solicitante domine ambas materias. Además, el PSOE se ha comprometido a que la ley orgánica considere saber catalán como «mérito determinante». Una condición insuficiente para ERC.
Los republicanos, que en esta cuarta reunión de la ponencia apoyaron más artículos que de costumbre, dejaron claro que mantienen su disconformidad con lo que consideran cesiones de CiU a los socialistas. Y avisó a quienes aseguran que acabarán por dar el «sí» al Estatuto de que su postura no es táctica.