Zapatero pide a sus ministros toda la información que tengan sobre ETA
Interior, Justicia y Exteriores entregan al presidente informes exhaustivos sobre la situación de los presos, los comandos operativos o en reserva y huidos El Ejecutivo niega que la recopilación de datos se deba a un hipotético alto el fuego
Actualizado: GuardarEl presidente del Gobierno tiene sobre su mesa desde la semana pasada todos los datos sobre ETA en poder de los aparatos del Estado. José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido a los Ministerios de Interior, Justicia y Exteriores informes pormenorizados y «actualizados» sobre la situación de los presos de la organización terrorista -condenas pendientes de cumplir y delitos cometidos-, activistas y colaboradores localizados en el extranjero, capacidad operativa de los comandos que se mantienen activos, y situación de los huidos contra los que no hay causas pendientes, entre otros muchos aspectos.
La información reclamada es de tal volumen que La Moncloa encargó al Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) «tamizar» y «sintetizar» la nutrida documentación, que ha elaborado la más completa radiografía posible de la banda terrorista.
Fuentes gubernamentales no quisieron dar mayor relevancia a este hecho porque, dijeron, es normal que el presidente del Gobierno tenga a mano los datos más actualizados de ETA, y negaron que la petición de información por parte de Zapatero tenga que ver con una eventual declaración de tregua y la apertura de un proceso de paz.
El Ejecutivo es consciente de que en una hipotética tregua y en un proceso de diálogo con ETA, los presos serán la primera exigencia de la organización terroristas, pero también tiene presente las exigencias de las víctimas que siempre han advertido al Gobierno que no están dispuestas a aceptar un proceso de «paz por presos», como quedó de manifiesto en el congreso de este colectivo celebrado el pasado lunes y martes en Valencia.
Agrupar a los presos
En esta oportunidad, el Ejecutivo medita, siempre que se produzca el abandono definitivo de las armas, agrupar a los miembros de ETA de acuerdo a la gravedad de los delitos que se les imputa para decidir qué tratamiento aplica. Para ello, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha preparado un voluminoso informe que incluye varios estudios estadísticos sobre el número de internos condenados por colaboración o pertenencia; los presos preventivos; qué delitos tienen; distribución de los internos en las cárceles; evolución de la población penitenciaria de ETA; tiempo de condena pendiente, acumulaciones de condena y, sobre todo, presos ya condenados o acusados de delitos de sangre.
De acuerdo a datos de 2005, hay 544 presos de ETA en cárceles españolas, pero la administración penitenciaria se niega a precisar cuántos tienen condenas por delitos de sangre y cuántos cumplen penas por colaboración u otros delitos menores.
Zapatero también se ha interesado por la situación operativa de la banda. La Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia han elaborado para La Moncloa informes sobre la capacidad de los comandos de ETA y su actividad en los últimos meses.
La policía ha informado al jefe del Ejecutivo de que la organización terrorista, a pesar de la presión de las fuerzas de Seguridad, tiene operativas sus tradicionales estructuras en Vizcaya y Guipúzcoa, amén de haber creado un activo grupo móvil que actúa en Navarra y Aragón, y otro encargado de mantener la ofensiva en Madrid.
Las fuerzas de Seguridad, también a petición de la Presidencia de Gobierno, han elaborado análisis sobre la situación de los comandos en suelo francés. La conclusión de los servicios de Información es que la actividad en el país vecino se ha «ralentizado», si bien tiene capacidad para reorganizarse.
Los Ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores, a su vez, se encargaron de un estudio sobre las personas de ETA y su entorno localizadas en el extranjero. El departamento de Justicia, por su parte, ha informado a La Moncloa de las peticiones de extradición de detenidos etarras pendientes de respuesta de terceros países, sobre todo de Francia, así como euro-órdenes cursadas y otros aspectos relacionados con la persecución legal del terrorismo etarra en el extranjero.