Mercado europeo

Hoy se debe votar en el Parlamento Europeo una directiva destinada a facilitar la prestación de servicios por empresas europeas en los 25 países de la Unión. Las numerosas manifestaciones y polémicas alrededor de esta decisión entroncan con el «no» francés a la Constitución de junio. Entonces, muchos franceses votaron movidos por el miedo a una versión anterior y muy desfigurada de esta directiva, bautizada con el nombre del entonces comisario de mercado interior, Fritz Bolkenstein, y cuyas supuestas y desastrosas consecuencias para los franceses crearon un auténtico síndrome en el país que se denominó del fontanero polaco y que acabó con la no ratificación del Tratado Constitucional. Pero si tenemos en cuenta el contenido de la norma propuesta y ya pactada por la Comisión y los Estados miembros, nos encontramos realmente ante un falso e interesado debate entre más libertad económica y mayor competencia o más protección social y más salvaguardas ante la amenaza económica de los nuevos Estados miembros. Casi todas las voces autorizadas han desmontado esta disyuntiva, subrayando que la directiva de liberalización de servicios en su versión actual es muy equilibrada y el impacto en el crecimiento económico será positivo.

Cada ampliación de la UE ha sido vista siempre en clave de amenaza en algunos países o sectores sociales, pero la realidad es que estos procesos han beneficiado al conjunto de los europeos. El proteccionismo que se ha instalado en algunas partes de Europa no debe extenderse más. Es cierto que la nueva norma sobre servicios de la Europa de los Veinticinco facilitará de modo especial la prestación de servicios de numerosas empresas radicadas en el Este de Europa, pero hay que recordar que muchas de ellas son propiedad de alemanes, austriacos o italianos.

La directiva ha sido pactada por los dos grandes grupos del Parlamento Europeo, populares y socialistas, y el único riesgo en la votación de hoy son las probables rebeliones de socialistas franceses, todavía suspicaces, y de los conservadores de países del Este, que hubieran deseado acentuar más la eliminación de barreras. En cualquier caso, y pese a que la nueva ley permitirá crear amplias excepciones con la definición por cada Estado de los «servicios de interés económico general», su aprobación será un paso importante para el mercado europeo. Y es que el principio de país de origen se mantiene, aunque no se enuncie así, por lo que se facilitará la mayor competencia entre empresas prestadoras de servicios, que gozarán de mayor seguridad jurídica y menos costes en sus transacciones.