El Estado mantiene internados en cárceles a más de 700 discapacitados psíquicos
Instituciones Penitenciarias reconoce que «es improcedente», pero afirma que en prisión «están mejor que en la calle»
Actualizado: GuardarSegún el artículo 20 del Código Penal, «está exento de responsabilidad criminal el que al tiempo de cometer la infracción, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión». En España, al menos 700 presos son discapacitados psíquicos, ya sea que padecieran la enfermedad en el momento de cometer el delito por el que han sido condenados, ya por una situación sobrevenida dentro de prisión.
La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, reconoció ayer el problema: «Es improcedente que un discapacitado psíquico esté en un centro penitenciario. No es un lugar para ellos, es un mundo muy duro: al discapacitado se lo comen en tres ratos». Y añade: «Evidentemente, nos esforzamos por abordar el problema, no podemos cerrar los ojos». Cree que, primero, «la sociedad debe ser consciente de que hay que tener medios, centros de día y centros de estancia permanente».
Mercedes Gallizo se refiere a que «las comunidades autónomas cerraron los psiquiátricos, y los discapacitados psíquicos están en la calle. No hay un sitio donde mandarles. Desde luego, el lugar para estas personas no es un centro penitenciario, pero están mejor atendidos y cuidados que en la calle».
En las cárceles españolas viven más de 700 discapacitados psíquicos, según los datos que maneja el Gobierno, algunos incluso con una discapacidad del 98 por ciento. Su sitio no es la prisión, incluso hay sentencias que no se cumplen -en las cuales se les impone medidas de seguridad como su internamiento en un centro psiquiátrico- o se cumplen con meses de retraso.
En Sevilla y Alicante
Instituciones Penitenciarias sólo cuenta con dos centros penitenciarios psiquiátricos (Sevilla y Alicante). «Desde hace diez años son de forma exclusiva para inimputables», explican fuentes de Interior.
La Fiscalía General del Estado es consciente de este asunto desde hace año y considera que «la situación del enfermo mental en prisión es uno de los problemas más graves con los que se enfrenta el sistema penitenciario español».
