La reforma entra en su fase parlamentaria sin el consenso de los partidos

Un lance histórico marcado por la falta de unanimidad entre los partidos políticos regionales. El Parlamento de Andalucía debate hoy, a partir de las once de la mañana, la toma en consideración de la proposición de ley sobre la reforma del Estatuto de Andalucía. El Parlamento se constituyó en 1982, un año después de que se aprobase el primer Estatuto autonómico andaluz. Se trata por lo tanto de su estreno en controversias de estas características.

Los cuatro grupos parlamentarios lo afrontan con dos planteamientos distintos. PSOE e IU votarán a favor de la toma de consideración, mientras que PP y PA han anunciado que se abstendrán. El pleno se regirá por las mismas normas que cualquier otro en el que se discuta una proposición de ley, aunque dado su calado, los portavoces dispondrán del doble tiempo para sus intervenciones. El PSOE -que actúa como proponente- tendrá dos turnos, uno de los cuales será utilizado por el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves.

Pese a su trascendencia histórica, el pleno carece de incertidumbre política, ya que sólo se necesita una mayoría simple para continuar con el trámite parlamentario, por lo que al PSOE le basta con sus votos -aunque ya sabe que cuenta con los de IU-.

Obligación política

Manuel Gracia, portavoz de los parlamentarios socialistas, apuró ayer hasta el último momento para insistir en la tesis de su formación: PP y PA tienen la obligación política de votar que sí a la toma en consideración. Populares y andalucistas, por su parte, insisten en que su voto no significa una negativa, sino un simple rechazo al texto de la ponencia. Tras el pleno de hoy, la porfía estatutaria se trasladará a la comisión correspondiente, donde los parlamentarios defenderán sus enmiendas.

En mayo, la proposición de ley afrontará su votación definitiva en el Parlamento de Andalucía. La aprobación necesita la mayoría cualificada de tres quintos -PSOE e IU la ostentan-. La reforma cambiará entonces de escenario y se trasladará a Madrid -tal y como ha ocurrido con el Estatut-. Si las Cortes Generales le dan su visto bueno, se celebraría un referéndum -febrero 2007- para que los andaluces la rubricaran en las urnas.