El Gobierno saca adelante la ley de Reproducción Asistida

El proyecto de ley de Reproducción Asistida, que hoy ha visto luz verde en el Pleno del Congreso y ahora inicia su tramitación en el Senado, permite la selección genética de embriones con fines terapéuticos para terceros, y prohíbe las madres de alquiler y la clonación con fines reproductivos.

En el 2004, tras la llegada del PSOE al poder, se aprobaron dos decretos sobre reproducción asistida; uno amplió los supuestos en que podían fecundarse más de tres ovocitos en el mismo ciclo; y el segundo reguló el consentimiento informado de los progenitores para donar a la investigación los preembriones sobrantes de sus procesos de fertilización, con lo que se eliminaban las trabas burocráticas que en la práctica seguían impidiendo esa investigación.

En febrero del 2005, la ministra de Sanidad, Elena Salgado, presentó el borrador de la nueva Ley de Reproducción Asistida, que días después recibió el visto bueno de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. El 6 de mayo del 2005, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley que fue remitido a las Cortes y que ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados.

Contra este proyecto de ley se han pronunciado el PP, que ha acusado al Gobierno de querer abrir la puerta a la clonación humana, y la Conferencia Episcopal, que llegó a pedir el voto en contra de los diputados católicos. Entre otros aspectos, este proyecto de ley generaliza la posibilidad de investigar con preembriones sobrantes (suprimiendo la limitación establecida en el 2003); establece la donación gratuita y confidencial de gametos (ovulos y espermatozoides); elimina la limitación del número de ovocitos a fecundar en cada ciclo reproductivo; y no fija una edad limite para ser madre.

Asimismo, regula la crioconservación (congelación) y la investigación con gametos y preembriones sobrantes; impone que la práctica de las técnicas de reproducción asistida sólo se podrá llevar a cabo en centros o servicios autorizados; y contempla sanciones que van desde los 1.000 euros al millón para aquellos centros que cometan infracciones como la de revelar la identidad de los donantes o realizar malas prácticas.

También prohíbe las madres de alquiler y la clonación de seres humanos con fines reproductivos, aunque no se pronuncia sobre la clonación con fines terapéuticos, cuya regulación se incluirá en la futura Ley de Investigación en Biomedicina. El proyecto aporta, como novedad, la autorización del diagnóstico preimplantacional con fines terapéuticos para terceros, consistente en analizar las células de los embriones de una pareja y, mediante fecundación in vitro, seleccionar uno sano para que se convierta en un potencial donante de su hermano y utilizar así su médula ósea o su cordón umbilical.

Hasta ahora, en España se permitía analizar y seleccionar embriones para prevenir una enfermedad del propio embrión en un futuro o para evitar que el hijo naciera con una enfermedad genética, pero no para servir de donante a otra persona, posibilidad que sí contempla la futura ley, aunque la limita a casos excepcionales y que requerirán una autorización expresa de la autoridad sanitaria.

En los últimos años, decenas de parejas españolas han viajado al extranjero para tratar de engendrar un niño que pudiera ser donante para curar a otro hijo enfermo, una práctica que se aplica ya en países como Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido o Australia. Entre las enfermedades que pueden curarse con el diagnóstico preimplantacional figuran la leucemia linfoblástica (uno de los cánceres infantiles más frecuentes) y graves enfermedades hereditarias, como anemia de Fanconi y talasemia.