Víctimas

El III Congreso Internacional de Víctimas de Terrorismo que concluyó ayer en Valencia ha servido en primer término para reforzar la proyección pública de quienes, tras un largo período de silencio y postergación, merecen indudablemente el más explícito y sincero reconocimiento social por su contribución a la defensa de la democracia como adelantados del sistema que ha combatido al terrorismo etarra.

En segundo lugar, el Congreso ha puesto de manifiesto que las víctimas, de forma muy mayoritaria, no aceptan un desenlace en los términos del trueque «paz por presos» y optan por las fórmulas más inflexibles del Pacto Antiterrorista que proponen la lucha policial contra ETA. El Príncipe de Asturias, recogiendo este sentir, defendió también «la firmeza ante el enemigo común de terrorismo» en su discurso de inauguración del Congreso. En cualquier caso, la insistencia del PP en su denuncia de que el Gobierno se aprestaría a firmar una especie de «rendición» ante ETA tuvo bastante que ver con la inflamación de la mayoría de las intervenciones de los representantes de las víctimas. Como es habitual, Maite Pagazaurtundúa, presidenta de la Fundación de Víctimas, puso las mayores dosis de sensatez y rigor en el asunto.

Finalmente, y aunque las víctimas del terror han exigido no ser utilizadas «como moneda de cambio», el Congreso ha enconado la ya muy recalentada confrontación PP-PSOE en materia antiterrorista. Y ello se ha debido, además de a la ya citada existencia de un clima político irrespirable, a la injustificada e injustificable ausencia del presidente del Gobierno.

Cuando las víctimas del terrorismo se congregan y adoptan decisiones, el jefe del Ejecutivo de la nación tiene el deber político y moral de prestarles audiencia sin intermediarios. No hay, pues, excusas válidas para tal defección. Y en todo caso, sólo después de honrar con su presencia a las víctimas podría el presidente del Gobierno opinar sobre la inconveniencia o no de que la mayoritaria Asociación de Víctimas del Terrorismo organice una manifestación de claro sesgo político a la que el secretario general del PP acudirá.

La incondicionalidad del Ejecutivo ante las víctimas no significa, obviamente, que haya de actuar a su dictado. El Gobierno ha de atender específicamente el interés general y en este asunto ha de tomar en consideración numerosos elementos de importancia. En primer lugar, la evidencia de que la desaparición de ETA ha de suponer también la normalización de la política vasca, que pasa evidentemente por la inserción política de un sector social nada desdeñable: cerca de 200.000 ciudadanos históricamente vinculados al independentismo radical y violento. En segundo lugar, es evidente que, aunque el peso de la lucha contra el terror haya recaído sobre los hombros de las víctimas directas, toda la ciudadanía española ha sido indirectamente víctima de ETA por lo que son las instituciones donde reside la soberanía las que han de decir la última palabra. En tercer lugar, es claro que el Gobierno ha de recabar su plena autonomía en la toma de decisiones que le incumben y de las que se dispone a asumir la responsabilidad. Es su obligación no sólo colmar las legítimas aspiraciones de las víctimas sino también impedir que haya más víctimas en el futuro.

En definitiva, es muy legítimo que Enrique Múgica, a la sazón Defensor del Pueblo, a quien le asesinaron a un hermano, manifieste que «ni olvida ni perdona» y que exija que el desenlace de ETA sea su derrota en todos los frentes de forma que este contencioso termine «con vencedores y vencidos», pero es asimismo claro que el futuro de Euskadi ha de plantearse, como se planteó el futuro de España en 1975, sobre bases sólidas de magnanimidad que susciten e impongan la idea creativa de la reconciliación.