Prostitución a debate

El Congreso de los Diputados aprobó ayer, con el voto favorable de PP y PSOE, una moción de Izquierda Verde que insta a abrir un debate sobre cuál debe ser el tratamiento legislativo de la prostitución. Se pretende que la Comisión Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer o una subcomisión específica convoque a un plantel de expertos sobre la materia y debata la situación antes de emitir, no más tarde de junio, un dictamen que se propondrá al Gobierno para que éste impulse las medidas legislativas y de otra índole que considere oportunas para abordar la regulación de la prostitución.

Desde el plano de los principios y en una democracia liberal, se podría presuponer que la prostitución debería mantenerse en el ámbito privado de las relaciones interpersonales de los ciudadanos sin que la administración puede interferir. Pero frente a este planteamiento cargado de ingenuidad se oponen razones consistentes que se relacionan con la obligación de proteger a la mujer. En España hay en torno a 400.000 prostitutas, tantas como en Alemania, que nos dobla en población; una inmensa mayoría de ellas son inmigrantes captadas mediante engaño por redes organizadas que las explotan; además, el 95% declara ejercer esta actividad forzadamente, bajo control y en muchas ocasiones por la fuerza de un proxenetismo muy generalizado. En estas circunstancias, el debate parece inaplazable.

En torno a la prostitución se han desarrollado dos teorías: la prohibicionista, que postula la prohibición pura y simple de tal actividad y castiga tanto a quien se prostituye como a quien demanda estos servicios. El modelo ha sido implantado en Suecia, con resultados ambivalentes: la prostitución se ha reducido pero una parte de ella se ha recluido en zonas de sombra y de impunidad en que las mujeres carecen de protección. Una buena parte de las organizaciones feministas apuestan por esta opción, la única a su juicio que preserva plenamente la dignidad de la mujer (el Instituto de la Mujer, dependiente de Trabajo, ha redactado un informe muy crítico con la ley catalana que se basa en estos criterios). La otra corriente es la regulacionista, mucho más extendida, que pretende racionalizar esta actividad, dando protección a las mujeres, fomentado su autogestión, impidiendo su explotación y ofreciéndoles determinadas garantías sanitarias y de seguridad mediante normas que asimismo limitan aquellos ámbitos urbanos donde la prostitución puede ejercerse.

El debate que acaba de comenzar tiene que tener, evidentemente, el objetivo primordial de salvaguardar la integridad física y moral de las prostitutas, a las que asimismo hay que brindar otras oportunidades que les permitan abandonar su oficio si lo desean. Pero también ha de lograr que el ejercicio de esta actividad no degrade determinadas zonas urbanas ni produzca molestias innecesarias a los convecinos. No será fácil alcanzar propuestas que abarquen y concilien todos los aspectos de un asunto con tantas vertientes y en el que están en juego intereses tan diversos.