El PP se abstendrá en la primera votación sobre la reforma del Estatuto de Andalucía

Una abstención que quiere ser un sí, pero que de momento es un no. De esta forma justifica Javier Arenas, presidente del PP-A, la decisión de su partido de inhibirse en la votación sobre la toma de consideración de la proposición de ley de la reforma del Estatuto de Andalucía, que se debate mañana en el Parlamento. El anuncio supone un paso atrás con respecto a las concesiones que tanto populares como socialistas habían realizado en los últimos días en pos del deseado consenso en la tramitación de la modificación del reglamento autonómico.

El PSOE está dispuesto a aceptar 125 de los 181 votos particulares que el PP presentó al texto de la ponencia. Este ofrecimiento ha ablandado lo justo a los populares. Lo califican de gesto positivo y buen detalle, pero sostienen que las discrepancias con las tesis estatutarias de la ponencia son aún muy importantes. Desde el PSOE regional no se quiere valorar este pronunciamiento, aunque esperan que los populares recapaciten y voten que sí, porque se trata de un asunto de forma no de fondo, ya que su apoyo no supone renunciar a sus enmiendas.

IU tiene bien definida su postura ante el sufragio de mañana: Votará que sí a la toma en consideración, cumpliendo con el pacto firmado con el PSOE, pero mantendrá su centenar de enmiendas en busca de mayor concesiones sociales y para las administraciones locales.

Calendario

El PA tiene al menos claro que no votará que sí. Sus dirigentes se debaten ahora sobre si es más conveniente abstenerse o, directamente, decantarse por el no, algo que desvelarán el mismo jueves. La obsesión de Julián Álvarez, máximo dirigente andalucista es que la opinión pública capte su mensaje principal: El PA está a favor de la reforma del estatuto, pero considera insuficiente el actual texto que, a su juicio, supone que Andalucía pase a ser una autonomía de segunda, con menos autogobierno que Cataluña o el País Vasco.

El nuevo articulado andaluz será debatido por el Parlamento en pleno en dos ocasiones: Mañana y en el mes de mayo. El jueves se dirimirá la toma de consideración de la proposición de ley, trámite que está garantizado ya que sólo se necesita la mayoría absoluta para franquearlo, y el PSOE la ostenta. Luego, la actividad se traslada a la correspondiente comisión parlamentaria, que se encargará de examinar las enmiendas para su posible introducción o rechazo. Dentro de tres meses, una mayoría cualificada de parlamentarios deberá dar el sí definitivo a la reforma estatutaria. El PSOE necesitará entonces el apoyo de al menos otro grupo. El de IU, salvo contratiempos de última hora lo tiene garantizado, pero el presidente Manuel Chaves aspira a lograr un consenso a cuatro, que dé mayor contundencia a la propuesta andaluza. Restará aún dos pruebas: La del Congreso de los Diputados y la de las urnas, con un referéndum que se celebrará previsiblemente en febrero de 2007.

Javier Arenas indicó ayer que no se opone a que la consulta se haga en esa fecha, pero asevera que le gustaría otro escenario «menos caliente», desde el punto de vista político y electoral, ante la cercanía de los comicios municipales.

IU denuncia la campaña

El meollo de las diferencias entre los dos partidos mayoritarios continúa siendo la financiación regional y las competencias para los ayuntamientos. El presidente del PP-A insiste en que un estatuto de autonomía no es el foro adecuado para negociar la financiación, sino que ésta debe decidirse en el seno de Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se agrupen los intereses de todas las comunidades participantes.

Una campaña de información y publicidad del PP andaluz, nacida al amparo del debate estatutario catalán, ha generado una nueva polémica. IU anunció que remitiría al Consejo Audiovisual de Cataluña -CAC- los mensajes ideados por los populares entre los que se encuentra: «El pacto de Zapatero con el nacionalismo catalán perjudica a Andalucía y Chaves no hace nada para remediarlo». El CAC se ha adelantado a la petición de la coalición de izquierdas y ha subrayado que sus competencias se limitan exclusivamente a los medios audiovisuales cuya licencia haya sido otorgada por la Generalitat.