El fraude y la ambigüedad en los contratos de ADSL generan las quejas de los usuarios

J. A. M. (gaditano de 44 años) era usuario de Telefónica con un contrato «Pack Dúo» que le ofrecía línea de ADSL y llamadas nacionales por 39 euros al mes. El 17 de enero llamaron a su casa en nombre de la compañía para ofrecerle un nuevo tipo de contrato, que él rechazó por estar satisfecho con el suyo. Dos días más tarde descubrió que le habían dado de alta en un servicio de internet llamado «Canguro Net» (un filtro para impedir que los niños accedan a determinados sitios web) sin que él lo hubiera solicitado. Cuando llamó a Telefónica para preguntar qué ocurría le informaron de que su contrato ahora le ofrecía internet con capacidad de 2 gigas por 79 euros mensuales más el coste de las llamadas. Le habían modificado las condiciones del contrato sin permiso.

Desde entonces, intentó sin éxito poner una hoja de reclamación por medio de la compañía, presentó varias quejas por teléfono y por último interpuso su queja en la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía. Ahora está a la espera de que Telefónica le dé una respuesta. Si ésta no es satisfactoria, el siguiente paso será acudir a la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Industria.

Irregularidades

«Cuando te estás inmerso en una situación de este tipo eres culpable hasta que se demuestre lo contrario», lamenta J. A. M. con resignación. Como él, miles de usuarios se han visto afectados por alguna irregularidad en los servicios de ADSL. Altas sin consentimiento, publicidad engañosa y bloqueo de la línea son algunas de las prácticas habituales de las empresas del sector.

El año pasado, las denuncias en Industria por incumplimientos de los proveedores de internet superaron las de telefonía móvil, pese a que los abonados a este servicio son más de 40 millones y los usuarios de ADSL sólo cuatro.

Para atajar esta situación el Gobierno decidió hace apenas una semana tomar cartas en el asunto y anunció que va a endurecer los controles a las compañías con el objetivo de reducir el fraude. Además, redactará una normativa específica para regular los derechos de los usuarios de ADSL.

La Federación de Consumidores en Acción (Facua) asegura que muchas de las irregularidades que cometen las empresas se producen porque los servicios se contratan por vía telefónica. Y esto da lugar a malentendidos y ambigüedades que las compañías utilizan en su beneficio.

La organización recibe numerosas quejas en este sentido, debido a que la situación del mercado de las comunicaciones es «lamentable». Por ello, recomienda a los consumidores que acudan a una entidad que les informe en caso de que sospechen de una irregularidad.