El Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en contratos públicos del Gobierno de Aznar

El Tribunal de Cuentas ha detectado, en su informe de fiscalización sobre contratación pública en 2003, numerosas deficiencias en la adjudicación de los contratos realizados por el Gobierno de Aznar, que considera que no siempre respetó los principios de concurrencia y concurso público. Entre las irregularidades, el Tribunal advierte del uso inadecuado de la contratación de urgencia a la que, recuerda, se debe recurrir por necesidades inaplazables o razones de interés público. El Gobierno, según el informe, utilizó entonces esta modalidad sin que concurrieran tales condiciones.

El órgano fiscalizador señala que la documentación de los expedientes es, «con frecuencia, incompleta», a pesar de haber sido requerida «específicamente». Subraya incluso que en algunos expedientes no constan los pasos reglamentarios, desde su inicio a su aprobación. Así, menciona que en varios de ellos no consta la valoración sobre los criterios de adjudicación y en otros no se documenta adecuadamente que los contratistas se encontraran al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social.

En algunas adjudicaciones, el Tribunal estima que existen deficiencias que «redundan en perjuicio de los principios de transparencia» y, en modo general, recuerda la conveniencia de aumentar el rigor en las fases preparatorias de los contratos, así como incrementar el grado de objetividad de las adjudicaciones.

«Sin vergüenza»

La reacción política más inmediara al informe procedió ayer del portavoz socialista del propio Tribunal de Cuentas, Francesc Vallés Vives, quien declaró que las conclusiones podrían generar «un escándalo de gestión muy grave» del Ejecutivo de Aznar. Según Vallés, éste afectaría a «muchos ministerios y especialmente al de Trabajo», si el máximo órgano fiscalizador demuestra adjudicaciones «a dedo» y «beneficiando» a empresas proveedoras vinculadas con el PP. De hecho, el PSOE ha anunciado que «exigirá una explicación» a Eduardo Zaplano, quien dirigía entonces la cartera, y estudiará si las actuaciones de su departamento «en algún caso pudieron ser constitutivas de delito».

A la espera de «disponer del tiempo suficiente» para analizar las cifras con detalle, Vallés aventuró que las adjudicaciones directas podrían haber llegado a los 4.000 millones de euros. Y en su opinión, «sin vergüenza ni tapujos, adjudicaron contratos a quienes ellos quisieron».