Ángeles Ayuso: «Mala cosa sería que juez y fiscal no puedan discrepar»

-Su nombramiento ha sido recibido con alborozo. ¿Cómo se siente?

-Muy agradecida y, por ello, aún más obligada, si cabe, a entregarme enteramente al cargo

-Ha sido rápida en tomar decisiones contundentes, ¿por qué?

-No, no, contundente aún no he sido, no ha habido ocasión para serlo. Se ha tratado de agilizar cambios pendientes desde hace mucho tiempo e introducir novedades muy necesarias.

-Explíquenos cuáles son sus prioridades o las líneas principales de actuación.

-En lo interno, estamos en plena reorganización de la Fiscalía para obtener mayor rendimiento de nuestros recursos humanos. Y en lo que realmente interesa a la sociedad, que es cómo encaramos a partir de ahora el ejercicio de nuestras funciones, intento poner el acento en lo que denominamos nuestros «servicios especiales», que son ámbitos específicos de nuestra actuación: tráfico de drogas, protección de menores, enfermos mentales y ancianos; violencia doméstica y de género; siniestralidad laboral; protección de víctimas, etc. Yo logro simultanear y dar prioridad a todos estos campos a la vez, ya que de cada uno se ocupa un fiscal y para él ese campo sí que es el principal eje de su actividad. A mí me corresponde estar al tanto de cada materia y señalar directrices.

-Existe la impresión de que tiene un gran trabajo por hacer. ¿De qué situación parte?

-En una Fiscalía española siempre hay un gran trabajo que hacer, hasta en la que consideremos más eficaz, porque el trabajo vinculado con el mundo judicial y la tutela de derechos e intereses generales, que es nuestra parcela, nunca está acabado. Cuando se logra llevar todo al día aún cabe aplicarse más; pasar de la cantidad a la calidad del trabajo, profundizar más y más. Habrán de pasar muchos años y es casi utópico pensar en una Fiscalía que llegue a estar al día en todo y en un fiscal jefe que se dé por satisfecho.

-Ha recibido un significativo respaldo del fiscal general del Estado, que estuvo presente en su toma de posesión. ¿Existe una especial sensibilidad de Conde-Pumpido a los problemas de la provincia, o más concretamente de la Fiscalía de Cádiz?

-Ambas cosas, porque en definitiva la Fiscalía de Cádiz, y Ceuta no se olvide, es una parte de esta provincia, y de Ceuta. Creo que provincia y Fiscalía necesitábamos ese respaldo, y lo agradecemos. Somos una provincia con unos problemas muy graves y peculiares; por señalar los dos más lacerantes, el tráfico de drogas, que está en trance de pasar de la abundancia del hachís a la abundancia de la cocaína si no se pone coto, y los problemas que causa la inmigración clandestina, especialmente, la entrada de muchos menores por esta vía a los que hay que atender socialmente en unos casos y cuya peculiar situación los hace caer en la delincuencia en ocasiones.

-La lucha contra el narcotráfico es una de las mayores ocupaciones de la Fiscalía, con dos delegados. En este campo, de especial sensibilidad, ¿cuáles cree que deben ser las prioridades?

-A la Fiscalía incumbe culminar debidamente el trabajo de investigación que se realiza por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el trabajo policial y del Servicio de Vigilancia Aduanera. Tenemos que supervisar eficazmente este trabajo desde su arranque junto a los jueces de instrucción, porque el sistema de investigación a este nivel en España es dual, para llegar a juicio, que es el fin de nuestro trabajo, con la mayor, si no garantía, sí con la mayor probabilidad de éxito. Asegurarnos de que por nuestra omisión o debilidad de actuación no se flaquee en la persecución judicial de los traficantes de droga. Y esto a todos los niveles, porque peligroso es todo el tráfico y peligrosas son todas las sustancias. Pero no podemos caer en un optimismo rayano en la temeridad: algunas veces las investigaciones se perjudican por causas muy diversas y no hay ocasión de que prospere una acusación, por muy vehementes que lleguen a ser las, digamos, sospechas de autoría.

-¿Cómo valora las discrepancias del anterior fiscal jefe con el juez López Marchena? ¿Qué cree que ha resultado de aquello? ¿Y qué criterio debe imperar en casos como éste?

-Como me pide valoración, que siempre es algo bastante subjetivo, me remito a lo que opinaba en su momento: yo leía los periódicos y veía un suflé informativo. Y se confirmó. De aquello no queda nada. Ni jurídica, ni informativamente. Se ha desinflado. Cuando los periodistas me preguntan sobre este asunto nunca se alude a problemas concretos. Yo pensaba, al principio, que por una cierta delicadeza, y ahora comprendo que esa imprecisión se debe a que se trataba de una cuestión muy etérea. No eludo informarle sobre lo que sí hubo realmente y fue una discrepancia técnica entre un juzgado y no uno sino varios fiscales, entre ellos el Fiscal Jefe. Discrepancias jurídicas semejantes, y de mucho más calado, tenemos en toda España continuamente y el muestrario es el número de asuntos pendientes en el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Lo incomprensible es que aquellas discrepancias saltaran a la prensa con tanta profusión y propagando una idea equivocada, la de que el juez y el fiscal no pueden o no deben discrepar. Mala cosa sería ésa. La actividad de jueces y fiscales lleva a que uno y otro cuerpo reconduzcan sus líneas de actuación continuamente, sin que tampoco se trate de que la Justicia española sea titubeante o vacilante. Lo que sí exige el servicio a la Justicia es reconsiderar cuanto nuevo planteamiento se suscite, en cualquier materia.

-Habrá, quizá en una segunda etapa, fiscal Antimafia?

-Creo que el devenir de la delincuencia nos lleva en esa dirección. Nos congratularíamos los ciudadanos si no necesitáramos llegar a ese recurso de implantar un delegado de la Fiscalía especial Anticorrupción en Cádiz.

-Delitos Económicos ¿no se ocupará en parte de estos asuntos?

-La fiscal delegada de Delitos Económicos y la fiscal Antidroga ya llevan asuntos propios de la lucha contra la corrupción. Es alto el número de asuntos de fraude a la Hacienda pública, en buena medida relacionadas con la fuente ilegal de ingresos que es el tráfico de drogas.

-Esta delegación ha sido su apuesta más personal, ¿por qué?

-Precisamente por el incremento de delitos económicos en sentido amplio, con una línea de crecimiento del fraude fiscal junto a las falsas facturaciones del IVA. No podemos consentir que se conviertan estas actividades en lo que se están convirtiendo, en un negocio de beneficios galopantes.

-Medio Ambiente tiene también en esta provincia un arduo trabajo. ¿Qué puede hacer la Fiscalía para poner coto a tantas construcciones ilegales?

-A nosotros nos incumbe la persecución de delitos relativos a la ordenación del territorio y una forma de delinquir es la construcción ilegal en zonas protegidas. Desde la perspectiva penal nos resulta muy difícil de entender que ciertas conductas pasen de ser ilegales a no serlo sólo por una reconsideración de situaciones de hecho por parte la Administración. De todas maneras, no se puede ser dogmático en la materia, hay casos de reordenación del uso del suelo muy comprensibles y totalmente de acuerdo con la legislación urbanística vigente.

-¿Qué cuota de responsabilidad corresponde a los ayuntamientos y cuál a la Justicia y a los profesionales implicados de diversas maneras, notarios, arquitectos, aparejadores ?

-Creo que se refiere al tema de los derribos, de los derribos que no se llevan a cabo, de las edificaciones ilegales. La duplicidad de funciones al respecto, el tener en unos casos competencia para efectuarlo sólo la Administración y en otros el que la competencia sea judicial, ayuda a que la cuestión se eternice. También es un problema de sensibilidad exacerbada. No se actúa con la misma actitud si lo que hay que derribar es un hotel, un edificio impersonal, que una vivienda. La palabra vivienda impone mucho, ¿verdad?, aunque resulte ser una segunda vivienda, y de lujo, o una señora mansión, o muchas viviendas levantadas juntas. En fin, a río revuelto ganancia de pescadores, y el prejuicio que lleva a no perjudicar a nadie en su derecho a la vivienda beneficia a mucho desaprensivo. Y para rematar el problema, cada edificación ilegal vulnera los derechos de los trabajadores a su seguridad física. Y eso no se puede legalizar a posteriori, las legalizaciones no borran los siniestros laborales de las edificaciones ilegales, esa cifra negra.

-¿Qué opina, como jurista, del acuerdo alcanzado en Chiclana para regularizar las viviendas ilegales?

-El enfoque jurídico administrativo de la cuestión urbanística no es asunto del Ministerio Fiscal. Sí puedo opinar que estas actuaciones de legalización, que repito son comprensibles en ciertos casos de actuación municipal como una regularización del uso del suelo, pueden convertirse inadvertidamente en una invitación a la criminalidad: a construir ilegalmente, invadir suelo protegido, poner en peligro a los trabajadores de la obra, y sin duda elevar edificios poco seguros, porque cuando de viviendas se trata no se trabaja ni con proyecto técnico ni dirección facultativa. ¿Cuánto vicio oculto tiene que haber en esas viviendas!

-¿Hay medios suficientes para luchar contra la violencia doméstica, y no sólo de género?

-En vía penal sí contamos con medios suficientes en la provincia en términos de número de juzgados, efectivos policiales y medios materiales. Son los problemas sociales subyacentes los que necesitan remedios de intervención social urgente. Un ejemplo estremecedor: la Fiscalía de Menores tiene cada día más asuntos de menores violentos con sus padres, menores sobre los que los padres han perdido el control.

-Va a mantener su competencia en Siniestralidad Laboral, ¿por qué?

-Es mi manera personal, no como jefe sino como fiscal, de contribuir a un mayor rendimiento de la Fiscalía. Casi dos por el precio de uno.

-¿Qué cometidos tiene Extranjería?

-Es la intervención del fiscal en la tutela de los derechos fundamentales de los extranjeros en cuanto tales y toca parcelas muy sensibles, como la determinación de edad de los menores inmigrantes y el proceso de reintegración de éstos con sus familias, ya que suelen viajar solos. Y por supuesto, los problemas derivados de los delitos de inmigración clandestina y tráfico de mano de obra, en que la tasa de criminalidad no baja hace años.

-Ha apostado por un nuevo fiscal para Menores. ¿Cómo entiende que debe ser la actuación fiscal en un área tan delicada?

-Debe de actuar sin aislar el dato fundamental de que el menor delincuente es considerado legalmente con esa doble adjetivación, menor y delincuente. Por eso, se ha unificado la reforma y protección de menores para intentar el seguimiento unificado de las familias que se ven afectadas por la presencia de un menor delincuente. Esta unificación de tareas también permite mejorar la relación indispensable con los servicios sociales de la Junta de Andalucía. De muy antiguo, el temor mayor de los que han trabajado en protección de menores es evitar que éstos sean víctimas de delitos y que puedan ser más adelante autores de delitos precisamente porque no se haya logrado protegerlos debidamente.

-La Justicia en la provincia: ¿Cree adecuado el reparto en tantas sedes? ¿Cómo ha visto la especialización acometida en la Audiencia Provincial?

-Hace ya muchos años que el legislador, único competente para decidir sobre la planta judicial, decidió acercar la Justicia al ciudadano mediante órganos judiciales que se desplazan para celebrar juicios, que es una medida de escasa utilidad, y mediante órganos judiciales con múltiples sedes. De Cádiz se dice que por la distribución de población es como tres provincias en una. Ha funcionado muy bien la distribución de sedes de Audiencia en Ceuta, Algeciras y Jerez. Y ahora la especialización es un paso más en la mejora del trabajo judicial, evitando pronunciamientos desiguales entre las distintas secciones de la Audiencia.

-Es obligada la pregunta: ¿A qué atribuye que sea la primera mujer que ocupa la jefatura de la Fiscalía Provincial? ¿Qué significa para usted?

-La judicatura y el Ministerio Fiscal aplican criterios de total igualdad entre todos sus integrantes a la hora de acceder a cualquier cargo. Éstas eran profesiones de hombres hasta hace poco, yo soy de las mujeres que usaron corbata para vestir la toga, en mis primeros años de abogado en Córdoba. Hoy sólo pensarlo me ruboriza. Ser la primera mujer fiscal jefe de Cádiz no lo siento novedoso porque ya son muchas, bueno, varias, las fiscales jefes en España, Guadalajara, Cantabria, Santa Cruz de Tenerife..., pero tenemos que animarnos más a participar de cargos de responsabilidad.

-La Fiscalía General es noticia estos días por diversas cuestiones. ¿Cómo valora la acumulación de penas de los etarras?

-Es deseable un sistema más flexible en materia de acumulación de penas. Es algo que en general necesita el derecho penal español en mi opinión, más flexibilidad para que los jueces puedan aplicar una pena adecuada a todos los aspectos del caso concreto. Reglas tan inflexibles como las relativas a acumulación llevan a resultados desagradables al sentido común, tanto con la legislación del año 1973 como con la vigente de 1995, aunque con ésta los resultados sean menos llamativos ya que las penas se cumplen íntegramente; íntegramente en principio, luego vienen las matizaciones.